Lunes, 24 de junio, 2019 | 11:59 pm

Gobierno aclara proyecto de disolución del IDSS no plantea eliminar la cesantía

Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.


SANTO DOMINGO.- El Gobierno aclaró esta tarde que el proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)  no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía, como han señalado las centrales sindicales.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Dario Espinal, argumentó que la ley de disolución del IDSS tiene como  único objetivo evitar que la quiebra de la administración central y de las distintas dependencias del IDSS continúen drenando recursos que deben destinarse al bienestar de la población dominicana.

“Buena parte de la insostenibilidad financiera del IDSS ha estado causada por su esquema organizativo obsoleto”, señaló.

Enfatizó que es una decisión irrevocable del Gobierno mantener en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Disolución del IDSS, como lo es también garantizar los derechos de los afiliados a este y de los trabajadores que conforman la institución, sin embargo informó que enviarán al Congreso una modificación al texto del proyecto que, entiende, ha creado confusión.

Espinal calificó de infundadas las declaraciones del sector sindical de que el Gobierno dominicano pretende eliminar la cesantía en detrimento de los trabajadores a través del  referido proyecto de ley y resaltó que el texto sometido al Congreso no hace siquiera referencia o mención alguna al Código de Trabajo.

Recordó que el artículo 4 del proyecto de ley de disolución del IDSS establece que se crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) como una entidad pública autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Trabajo, el cual tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones del Seguro del Riesgos Laborales, la contratación de servicio de salud para la atención de  afiliados por enfermedades y accidentes  laborales;  la promoción de la prevención y control  de los riesgos laborales, así como la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio.

“Como se ve,  no hay mención alguna al Código de Trabajo, ni a la cesantía, ni mucho menos a modificación o eliminación de ésta; ni en ese artículo ni en ningún otro. Esta discusión, es decir, sobre la cesantía  se ha mantenido en el diálogo tripartito y el gobierno, en ese marco, siempre ha sostenido que la decisión debe ser  de común acuerdo entre todos los sectores participantes en dicho diálogo”, sostuvo.

Agregó que “tampoco se menciona la creación de fondo alguno. Solo se habilita a que, si en el futuro se crease un fondo, el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) tenga la capacidad legal para administrarlo”.

Expresó que además, sería jurídicamente imposible que una ley adjetiva, como la propuesta de ley de disolución del IDSS, modifique una ley orgánica como es el caso del Código de Trabajo, aunque en ninguna parte del texto se plantea hacerlo.

Garantizó que,  en aras de zanjar definitivamente cualquier malentendido, el Poder Ejecutivo  enviará inmediatamente al Congreso Nacional una modificación al texto del proyecto de ley que excluya explícitamente la mención del fondo de protección laboral, puesto que no variaría esencialmente la ley.

“Además, a solicitud tanto del sector sindical como del sector empresarial, el cambio incluiría un aumento de los representantes en el Consejo del INARIL. Confiamos en que, con el cambio mencionado, el malentendido producido quede definitivamente aclarado y que el Congreso podrá así avanzar hacia la necesaria aprobación de esta Ley que reforzará la provisión de seguros a los trabajadores dominicanos”, enfatizó.

Sostuvo que el gobierno tiene el firme compromiso de mantener la estabilidad laboral de los trabajadores del IDSS, reubicándolos en un proceso escalonado en otras dependencias del Estado y pensionando a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para su retiro.