Cuando los seres humanos conscientes nos damos cuenta de que hemos cometido excesos y nos encontramos con sobrepeso, procedemos a ponernos a dieta.
Algo similar está ocurriendo actualmente en el gobierno del presidente Abinader con las recién anunciadas supresiones, fusiones y limitaciones a la burocracia del aparato público. Estos primeros pasos están en el camino correcto a la eventual y casi inmediata reforma fiscal avisada, pero aún no detallada.
Las anunciadas medidas de austeridad, racionalidad y eficiencia realmente tendrán poco impacto sobre el cuadro grandilocuente del presupuesto, pero responden al reclamo popular de que el Gobierno primero haga sus sacrificios si es que le va a pedir a la población mayores sacrificios.
Además, junto a la ley de responsabilidad fiscal constituye el preámbulo a la citada reforma fiscal y con ello complace las sugerencias de organismos financieros multilaterales, calificadoras de riesgo país y bancos de inversión.
Sin embargo, el ambicioso plan de eliminaciones y fusiones de entidades públicas se puede considerar solo un inicio de lo que debe ser una cruzada continua y sostenida.
Hay casos como el Instituto Dominicano del Casabe, el Instituto de la Aguja, el del Azúcar, del Tabaco o del Café que no tienen razón de ser y deben eliminarse pasando sus funciones complementarias al Ministerio de Agricultura.
Hay entidades como el Servicio Nacional de Salud (SNS) que debe formar parte del Ministerio de Salud Pública, o el Fondo Patrimonial de las Empresas del Estado (FONPER) en el Ministerio de Industria y Comercio. Y ni hablemos del socorrido reclamo de fusionar al menos el Ministerio de la Mujer y el de la Juventud en un solo Ministerio de la Familia.
Los pasos iniciales anunciados están direccionados en el sentido correcto. No obstante, el entramado creado en los últimos treinta años para complacer demandas de compañeritos o adeptos electorales requiere de un accionar constante y sin tregua.
Sólo así se podría justificar a la población de que un aumento de los impuestos serán verdaderamente destinados a nuevas inversiones y no al dispendio político populista.