Periodista Luis García
Uno de los grandes desafíos que tienen por delante los sistemas democráticos será el garantizar la gobernabilidad, como imperativo del mantenimiento de la paz social en estos tiempos difíciles, producto de las secuelas negativas en las economías del Covid-19.
El concepto de gobernabilidad se enmarca en la capacidad de un determinado gobierno, que se da siempre en un ámbito social nada aséptico, en el que siempre se van a registrar demandas ciudadanas que, en mayor o menor medida, pasan por el tamiz del sistema político.
Sobre quienes gobiernen recaerá, entonces, la mayor responsabilidad en que las acciones que se adopten en el ámbito político sean las justas y equitativas posibles.
Lo anterior implica que la gobernabilidad venga condicionada por los mecanismos en que se produce la acción de gobierno; se trata de criterios de representación política, de los niveles de participación política, de los sistemas de partidos existentes y de los arreglos institucionales que regulan las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Desde el mismo momento en que una agrupación política, por sí sola, o en alianza con otras, deciden romper con esos arreglos institucionales y el equilibrio que habrá de primar entre los poderes públicos, inmediatamente se estará perdiendo la oportunidad de garantizar la gobernabilidad en la sociedad de la que se trate.
Las imposiciones, a través de mayoría mecánicas en parlamentos o congresos, no resultan buenas recomendaciones en momentos en que la crisis sanitaria mundial amenaza con desatar grandes convulsiones sociales, ante la incapacidad de los gobiernos de atender demandas de los segmentos poblacionales más vulnerables.
Representación y participación son variables que inciden en la configuración de los sistemas de partidos y éstos, a su vez, condicionan, la acción de gobierno, en toda sociedad que se estima verdaderamente democrática.
Paralelamente a la gobernabilidad necesaria, las imposiciones sobre minorías partidarias, también, ponen en tela de juicio la cuestión moral, en virtud de que en toda actuación en la política se supone la mediación del componente ético.
No todo se vale en la política. La moral cuenta, y mucho. Max Webber planteaba que existen dos tipos de ética: la de la responsabilidad y la de convicción. En la primera, los individuos tratan de no transgredirla, por temor a las sanciones, y en la segunda, la gente de bien, sencillamente se cuida, a sabiendas de que lo que está mal no debe practicarse.
Desconocer los parámetros de la gobernabilidad, además, trae consigo implicaciones de carácter económico. Solía escuchar con cierta frecuencia al profesor Juan Bosch decir que de todas las actividades que realiza el ser humano probablemente la más importante era la económica, debido a que de ella se derivaban todas las demás, incluyendo la política.
Aunque el ex presidente de la República hacía el planteamiento, en ese caso, siguiendo el pensamiento marxista, no menos cierto es que perfectamente podría aplicarse al modelo económico capitalista que impera actualmente en la República Dominicana.
En la coyuntura actual, es de alta prioridad para los Estados cuidar la sanidad de sus economías, en el camino de garantizar la estabilidad política y social de sus habitantes. Una mirada geopolítica a lo que ocurre en el panorama mundial luego del surgimiento del nuevo coronavirus, muestra focos de grandes convulsiones sociales a la vuelta de la esquina.
El Covid-19 ha dañado lo suficiente a la economía dominicana, aunque no ha pasado lo peor; y por lo tanto, se impone que desde las esferas del poder se obre conforme a la moral política que garantice la gobernabilidad, porque estamos rodeados de montones de barriles de pólvora.
