El Gobierno anunció un proyecto de ley de prensa consensuado con directores y dueños de medios para sustituir la legislación en vigor desde 1962.

Las tecnologías y formas de expresar y transmitir noticias u opiniones han cambiado y ameritan un marco legal adecuado.

Empero, el consenso produjo un borrador con un lisio: despenaliza los delitos de difamación e injuria. ¿Bastan multas o condenas civiles, poniendo precio a la honra? Es bárbaro asesinar reputaciones publicando horrores inciertos, irresponsablemente alegando que “lo dijo otro”.

Sin la publicación lo que diga otro es inconsecuente. El delito de prensa es publicarlo, no decirlo.

¿Qué ocurrirá si algún nuevo “influencer” u opinante impecune arremete con infundios contra el sistema financiero? ¿Lo que pena una ley lo excusará otra?

Las autoridades se exponen a que una parte sensata de la opinión pública crea que, dada la enorme inversión gubernamental en publicidad, Gobierno y prensa se narigonean recíprocamente en una especie de conchupancia de impunidad.

Eso no conviene a la prensa, al Gobierno ni al país. La tiranía ilegítima de una gleba corrupta y asnal, que recientemente Andy recordó que es la oclocracia, jamás debe legalizarse. Ningún bien saldrá de ello…