Celedonio Jiménez
Las declaraciones del mayor del Ejército Nacional, Raúl Girón Jiménez, ante la magistrada Kenya Romero, la pasada semana, constituyen un estremecedor sacudimiento a la conciencia nacional.
Esto así, independientemente de la condición de imputado del declarante, dentro del caso de la ampliamente publicitada “operación coral” y puesta en ejecución por el Ministerio Público.
Tanto sobresalto ha ocasionado lo dicho por el mayor Girón, que mereció un rápido pronunciamiento del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, poniendo distancia respecto a las acusaciones incriminando en acciones corruptas a varios oficiales superiores y a funcionarios de instituciones castrenses.
Además de denunciar con “pelos y señales” las distintas mecánicas mafiosas del entramado a la cabeza de la cual se pone al mayor general Adán Cáceres Silvestre, (Jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez), al coronel Rafael Núñez de Aza y a la pastora Rossy Guzmán, el mayor Girón Jiménez expuso que lo que supone en términos de corrupción el caso “operación coral” es casi “nada” en comparación con muchos otros actos de dolo o peculado que se han producido y existen en el país; que personas involucradas en el caso de “operación coral”, aún siguen ejerciendo funciones públicas; que la red de corrupción no ha acabado; que militares y policías de nivel superior, al ser encarcelados son tratados en condiciones de privilegio; que en instancias de las cuerpos castrenses se aplica el criterio de la discrecionalidad, el cual sirve para favorecer a personas del entorno particular; que en la Policía Nacional se mantienen las ventas de los “especialismos”, ventas estas que se apartan de las normas institucionales y morales; que el rango de general en la República Dominicana es categoría derivada de la relación política.
Las declaraciones del mayor Girón, las cuales nos han llevado a titular la presente entrega como “el gironazo”, sugiere lo que para muchos es un secreto a voces, esto es, que la sociedad dominicana vive una debacle moral y de conductas, que hacen pensar que si se encartaran a todos los que se han apropiado de bienes públicos o violentado las normas morales, se tendría que habilitar el Estadio Olímpico “Félix Sánchez” para su detención.
La cantidad de personas que, principalmente de la mediana y alta burocracia civil y militar, han sobrepuesto el interés personal al interés público, o que han usado sus posiciones para incrementar su patrimonio particular, es numerosa, aunque indeterminada.
Esto constituye un desastre de nuestra condición ética. Eso no puede seguir. Nuestras autoridades nacionales están en la obligación de detener esto pues nos conduce al cataclismo.
Esto hay que enfrentarlo sin miramiento y con total inflexibilidad, si queremos una sociedad en que haya paz, cohesión social y desarrollo.
