Germán Brito instruye a miembros Ministerio Público a acatar fallos judiciales sin demora

Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dio instrucciones a todos los miembros, funcionarios y servidores del Ministerio Público a canalizar sin demora la ejecución de las decisiones judiciales, incluidas las del Tribunal Constitucional (TC) para evitar de esta forma caer en desacato.

Germán Brito explicó sobre los reproches realizados con anterioridad por el Tribunal Constitucional al Ministerio Público por el incumplimiento de las decisiones ejecutorias calificados por la corte como “un verdadero desacato” y “un acto de arbitrariedad”.

También ordenó a ejecutar inmediatamente, de oficio o a requerimiento de la parte interesada, las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, que tienen la particularidad de ser definitivas e irrevocables.

“El incumplimiento de estas disposiciones, amparadas en la Constitución y las leyes, generará sanciones disciplinarias”, advirtió la procuradora.

La magistrada Germán Brito llamó a dar cabal cumplimiento a las decisiones ejecutorias que emanan de los tribunales, sin que esto signifique renunciar a la opción de recurrir en apelación en los casos que así lo requieran durante el acto de instrucción general.

En el documento remitido a procuradores, procuradores fiscales, fiscalizadores, así como a funcionarios y servidores del Ministerio Público, Germán Brito resalta que la ejecución de las decisiones jurisdiccionales forma parte del derecho fundamental que tiene la ciudadanía a la tutela judicial efectiva, establecido en los artículos 69, 149 y 184 de la Constitución Dominicana.

En ese orden explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), en su artículo 26, incluye entre las atribuciones de ese órgano “canalizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública”.

El dispositivo firmado por la magistrada Germán Brito advierte que la demora o incumplimiento de parte de representantes del Ministerio Público que, en consecuencia, genere daños o perjuicios a las personas o al Estado será sancionado por la vía del Régimen Disciplinario de ese órgano, sin descartar las acciones penales que procedan.