Gatillo fácil, ¿hacia dónde camina la democracia dominicana?

La seguridad no puede convertirse en una amenaza para la democracia

La República Dominicana enfrenta una discusión fundamental sobre la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza estatal y la vigencia del Estado de derecho. Las muertes ocurridas durante operativos policiales, el endurecimiento del discurso contra la delincuencia y la creciente popularidad de los modelos de mano dura obligan a preguntarnos si estamos construyendo una sociedad más segura o normalizando una forma de ejercer la autoridad que parece otorgar menos valor a la vida de determinados sectores sociales.

Según recuentos periodísticos publicados por Diario Libre, al menos 182 personas habían muerto durante intervenciones policiales hasta comienzos de octubre de 2026, con 55 fallecimientos registrados durante septiembre. Estas cifras no equivalen a ejecuciones extrajudiciales judicialmente comprobadas, pero constituyen un motivo suficiente para exigir transparencia, investigaciones independientes y explicaciones verificables sobre las circunstancias de cada muerte.

El problema no consiste en desconocer la gravedad de la delincuencia ni en negar la obligación de la Policía de proteger a la ciudadanía. Consiste en establecer límites claros al poder estatal. Ningún operativo, persecución u orden de arresto autoriza a sustituir la justicia por la muerte. Cuando una versión oficial se acepta sin contrastarla con pruebas forenses y testimonios independientes, la presunción de legalidad de las actuaciones policiales corre el riesgo de convertirse en impunidad.

La pregunta, por tanto, no es si debemos apoyar la seguridad o los derechos humanos. Una democracia necesita ambas cosas, instituciones capaces de enfrentar el delito y mecanismos eficaces para impedir los abusos de autoridad.

La dimensión social de estas muertes merece particular atención. Un análisis publicado por Diario Libre en julio de 2026 identificó a los jóvenes entre los grupos más afectados por fallecimientos en hechos con participación policial. Según ese registro, desde 2020 al menos 273 personas de entre 16 y 35 años habían muerto en circunstancias de este tipo.

Estas cifras no demuestran por sí solas que la pobreza determine quién muere durante un operativo. Para establecerlo serían necesarias estadísticas completas sobre las víctimas, sus condiciones socioeconómicas, los territorios intervenidos y los resultados de las investigaciones. Sin embargo, sí plantean una interrogante sociológica y política: ¿se ejerce la autoridad estatal de la misma manera sobre todos los ciudadanos?

En una sociedad desigual, el Estado no siempre se presenta de igual forma ante la población. Mientras algunos sectores encuentran oportunidades, servicios y protección jurídica, otros experimentan principalmente la presencia institucional mediante patrullajes, registros, detenciones y operativos, sin recibir respuestas suficientes en educación, empleo, vivienda y servicios públicos.

La pobreza no convierte a nadie en delincuente, ni vivir en un barrio popular constituye una prueba de culpabilidad. No obstante, los prejuicios de clase, la estigmatización territorial y los estereotipos sociales pueden alimentar prácticas discriminatorias.

Por eso, investigar las muertes policiales exige determinar quiénes son las víctimas, dónde ocurren los hechos y bajo qué circunstancias. La igualdad ante la ley no puede depender de la capacidad económica de una familia para contratar abogados, obtener peritajes o sostener una denuncia.

Esta discusión forma parte de una tendencia regional: la expansión de políticas de seguridad que prometen resultados rápidos mediante el endurecimiento penal, las detenciones masivas y la ampliación de las facultades policiales y militares.

El caso más representativo es El Salvador, bajo el Gobierno de Nayib Bukele. Su modelo ha alcanzado popularidad por la reducción de la violencia de las pandillas, un resultado que debe reconocerse al evaluar su experiencia. Sin embargo, también ha sido objeto de graves cuestionamientos por organizaciones de derechos humanos.

En julio de 2026, Amnistía Internacional advirtió sobre la prolongación del régimen de excepción, las detenciones arbitrarias y el debilitamiento de las garantías procesales. Human Rights Watch también ha documentado denuncias de malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones del debido proceso.

La denominada bukelización, consiste en la difusión de elementos de ese modelo como respuesta a la inseguridad. Su principal atractivo radica en la promesa de recuperar rápidamente el control territorial y demostrar autoridad. Su mayor riesgo aparece cuando la excepcionalidad se convierte en norma y la eficacia policial se utiliza para justificar la reducción de las garantías democráticas.

El debate dominicano debe partir de una premisa, reducir la delincuencia es indispensable, pero los resultados de una política de seguridad no pueden medirse únicamente por el número de detenidos o por la capacidad de imponer miedo. También deben evaluarse la legalidad de los procedimientos, la calidad de las investigaciones, la protección de las víctimas y el respeto al debido proceso.

En este contexto, el avance de sectores de la derecha radical en las Américas refuerza discursos que exaltan el orden, la autoridad y la construcción de enemigos internos. Resulta necesario examinar aquellos discursos que presentan al sospechoso como un enemigo que debe ser neutralizado, al joven pobre como una amenaza y al migrante como un problema de seguridad.

Cuando el miedo se convierte en instrumento político, aumenta el riesgo de que la sociedad acepte restricciones de derechos que difícilmente toleraría en circunstancias normales.

La iniciativa conocida como Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, amplía este debate al terreno de la cooperación hemisférica. La cumbre celebrada en Miami el 7 de marzo de 2026 reunió a mandatarios de doce países para abordar asuntos de seguridad regional, migración y cooperación internacional.

En mayo de 2026, la Cancillería dominicana informó sobre un memorando de entendimiento no vinculante con Estados Unidos, relacionado con el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países en tránsito, bajo condiciones específicas.

La cooperación contra el narcotráfico, la trata de personas y las organizaciones criminales puede ser legítima y necesaria. Sin embargo, debe estar acompañada de controles, transparencia, mecanismos de reclamación y garantías para las personas afectadas.

No existen elementos suficientes para afirmar que el Escudo de las Américas haya provocado el aumento de las muertes durante operativos policiales en República Dominicana, ni que todos estos fenómenos forman parte de una operación política continental coordinada. Lo que sí corresponde examinar es cómo las prioridades hemisféricas de seguridad influyen en las políticas nacionales y qué mecanismos impiden que esa cooperación debilite los derechos fundamentales.

Las propias políticas migratorias de Estados Unidos ofrecen otro motivo de reflexión. El 30 de septiembre de 2026, Amnistía Internacional publicó un informe que documentó denuncias de uso excesivo de la fuerza y prácticas discriminatorias durante operaciones de control migratorio. Asimismo, Human Rights Watch informó en junio sobre 52 personas fallecidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante los primeros 500 días de la segunda administración Trump.

Estos casos requieren investigaciones particulares y no deben confundirse las muertes bajo custodia con los fallecimientos causados por disparos durante operativos. Sin embargo, revelan la necesidad de someter las actuaciones de todas las autoridades a un escrutinio riguroso.

Para República Dominicana, esta discusión tiene una dimensión especial, somos un país de emigración, tránsito e inmigración. Defender la dignidad de los dominicanos en Estados Unidos, exige coherencia en el trato que reciben los extranjeros en nuestro territorio. La nacionalidad y la situación migratoria no eliminan el derecho a la vida ni la obligación estatal de investigar posibles abusos.

¿Existe una relación entre las muertes policiales dominicanas, el modelo salvadoreño, el Escudo de las Américas y las actuaciones del ICE? No puede afirmarse, sin pruebas adicionales, que sean componentes de una misma estrategia. Pero sí es posible identificar tendencias comunes que merecen atención.

La primera es la expansión de una concepción punitiva de la seguridad que privilegia la coerción sobre la prevención. La segunda es la construcción de grupos considerados peligrosos, especialmente jóvenes de determinados territorios, presuntos delincuentes y migrantes estigmatizados. La tercera es la circulación de modelos de mano dura que prometen resultados inmediatos, a veces a costa de las garantías procesales. La cuarta es la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas cuando las autoridades investigan a sus propios agentes o administran políticas de seguridad.

Estas coincidencias no prueban una coordinación continental, pero permiten advertir una disputa política de fondo, si el Estado enfrentará el delito dentro de los límites democráticos o si ampliará progresivamente su poder coercitivo en nombre del orden.

La Constitución dominicana, establece principios que deben orientar cualquier política de seguridad. El artículo 37 protege el derecho a la vida; los artículos 38 y 39 consagran la dignidad humana y la igualdad ante la ley, mientras que los artículos 68 y 69 garantizan la protección de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva.

Estos principios no desaparecen durante un operativo policial ni frente a una amenaza criminal. Una persona requerida por la justicia debe ser localizada y presentada ante las autoridades competentes. El uso de fuerza letal solo puede justificarse bajo los estrictos límites legales aplicables; la sospecha de criminalidad no equivale a una condena y una orden de arresto no constituye una sentencia de muerte.

La reforma policial, debe fortalecer la profesionalización, la investigación criminal, la formación de los agentes y los controles sobre el uso de la fuerza. También requiere estadísticas públicas, investigaciones forenses independientes cuando corresponda, información oportuna a las familias y consecuencias judiciales cuando se comprueben actuaciones ilegales.

La transparencia no debilita a las instituciones, fortalece su legitimidad y permite corregir sus fallas.

La República Dominicana necesita una política de seguridad que combine prevención social, persecución efectiva del delito, protección de las víctimas y respeto a los derechos humanos. No debe importar modelos por su popularidad ni rechazarlos únicamente por su procedencia política. Debe evaluarlos por sus resultados, sus costos humanos, su legalidad y su sostenibilidad democrática.

La verdadera prueba del Estado de derecho ocurre cuando el poder público actúa sobre quienes tienen menos recursos para defenderse. Ninguna estrategia contra el crimen, alianza internacional o promesa de orden puede colocarse por encima de la dignidad humana.

La República Dominicana necesita seguridad, pero no una seguridad que convierta la excepción en regla, la sospecha en condena y la muerte en sustituto de la justicia. Necesita un Estado capaz de combatir el crimen sin renunciar a la democracia ni al Estado de derecho.

Stalin Martínez, ingeniero civil, activista social y político