José Báez Guerrero
Oigo rumores sobre retrasos o problemas con la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, publicada el 29 de julio de 2022, cuyo entrada en vigor debió ser doce meses después y al parecer ahora será en 2024, por dificultades con su habilitación presupuestaria, adecuación de tribunales, especialización de personal, orientación a los ciudadanos y promoción de sus disposiciones.
Comenté en 2022 que esta ley puede proporcionar a la nación unas garras de que carece actualmente para incautar y, tras sentencia firme, comisar bienes y activos cuya propiedad se determine judicialmente es ilegal, no sólo por drogas o lavado.
Hubo entusiasmo emocional por el aspecto justiciero en la recuperación de riquezas mal habidas.
Empero, las incautaciones a trujillistas por el Consejo de Estado causaron graves injusticias, como cuando en un matrimonio uno de los esposos justificaba legítimamente bienes comunes comoquiera expropiados sin compensación.
Igualmente, hay que proteger la seguridad jurídica cuando hay terceros de buena fe, como acreedores con garantías registradas o hipotecas.
El país –o su mayoría honrada y decente— está más que jarto (con “j”) de corruptos impunes que estrujan ante la sociedad sus fortunas robadas al erario o a empresas privadas. Tratarlos como capos está bien, pero resguardando el buen Derecho. Garras malucas dañan tanto como los propios malandros.
