La compra por parte de varias administradoras de fondos de pensiones de la reciente oferta pública de acciones por César Iglesias, S. A., ha provocado ataques del presidente del Colegio de Abogados y un senador tránsfuga que anteriormente ha incordiado sin base a varias empresas.

Las autoridades y la ADAFP respondieron oportunamente ambos cuestionamientos acerca de las finanzas de esa empresa y cuán riesgosa es esa inversión de fondos del sistema de pensiones, valga decir ahorros de los trabajadores. Esa preocupación es legítima porque, aunque dos calificadores dieron a la emisora un grado de inversión, también advirtieron sobre su situación financiera por deudas importantes.

Sin embargo, hasta la verdad en boca de opinantes de dudosa intención se desvaloriza.

Ese vocero del colegio y ese senador abogan tozudamente por devolver a los ahorrantes el 30 % de los fondos de pensiones, imposible legalmente pues atentaría contra la estabilidad del sistema financiero.

Que legisladores o voceros de gremios importantes llamen gánster o epítetos peores a empresarios serios con solvencia moral obliga a dudar de cualquier cosa que digan.