Keiko Fujimori fue apresada el día 9 de este mes sospechosa del crimen de lavado de activos.
Lima.- El fujimorismo de Fuerza Popular (FP) y sus aliados del Partido Aprista Peruano (APRA) afrontan su mayor crisis política e institucional “desesperados” y sin atinar a dar una respuesta a la sucesión de derrotas y golpes legales, electorales y políticos que los acosan desde hace semanas.
“La verdad es que se los ve desesperados, no hacen más que tomar decisiones poco reflexivas, incorrectas y perjudiciales. Las últimas medidas que han tomado en el Congreso, irregulares y posiblemente inconstitucionales, son muestra de esa situación”, apuntó a Efe un diputado del partido centrista Acción Popular, ocasional aliado de ambos grupos y opositor al presidente Martín Vizcarra.
Y es que FP, que en 2016 obtuvo una mayoría parlamentaria aplastante en las elecciones generales, lleva semanas a la defensiva, acumulando derrota tras derrota en todos los ámbitos y expuesto en sus contradicciones ante una ciudadanía que parece haberles dado la espalda.
La retahíla de fracasos se aceleró desde el pasado mes de julio, tras el estallido del escándalo de corrupción judicial que parece afectar de forma directa a las más altas estructuras del partido, empezando por su líder, Keiko Fujimori.
El apoyo político evidente que FP y APRA, partido del expresidente Alan García, otorgan tanto al juez supremo César Hinostroza como al fiscal general Pedro Chávarry, supuestos líderes de la trama corrupta, ha hundido la reputación de ambos ante la opinión pública. A eso se une la cada vez mas evidente financiación que Odebrecht entregó a FP de forma irregular.
Las propuestas del presidente Martin Vizcarra para reformar la Constitución para combatir la corrupción fue recibida con sorna y desprecio FP y el APRA, que tardaron en percibir el enorme respaldo popular de esas propuestas.
Solo recularon acuciados por unas encuestas demoledoras en su contra y presionados por la velada amenaza de Vizcarra de cerrar constitucionalmente el Congreso y convocar nuevas elecciones en un contexto de desafección popular.
Las dificultades para mantener una línea coherente de discurso en este contexto fueron evidentes, ya que se vieron obligados a votar propuestas que denostaban públicamente. En ese contexto llegó la tormenta.
El 3 de octubre la Justicia peruana anuló por irregular el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori.
Llorosa en público, Keiko lamentó la persecución contra su padre, si bien desde todas las filas políticas, incluidos los colaboradores más cercanos del anciano expresidente, fue señalada como responsable por haber forzado la dimisión de Kuczynski y por haber criticado duramente la concesión de la gracia.
Luego, las elecciones municipales y regionales del día 7 dejaron al FP como el gran derrotado, lo que ya se sospechaba, mientras que el APRA prácticamente ni concurrió.
Y el día 9 la misma Keiko Fujimori fue detenida preventivamente sospechosa del crimen de lavado de activos. Fujimori y el FP, en cambio, alabaron la independencia judicial en 2017 cuando el expresidente Ollanta Humala y su mujer fueron detenidos por delitos similares.
El jueves 11, la Corte Suprema habilitó que tanto FP como Fujimori sean investigados bajo la ley que persigue el crimen organizado. Ese día, el Congreso aprobó con los votos de FP una ley que permite la excarcelación de Alberto Fujimori -quien continúa ingresado en un hospital a la espera de regresar a prisión – en un proceso acelerado y polémico que incluyó la firma dudosa de un diputado que no se encontraba en el Congreso en ese momento.
Esta “Ley Fujimori” fue calificada por varios legisladores como “amnistía encubierta” y con toda seguridad será recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Para el fujimorismo, estas contrariedades son fruto de una persecución política y un intento por parte del Gobierno para quebrar el orden democrático e institucional en el país.
El secretario general del partido, José Chlimper, apuntó ayer en un encuentro con la prensa extranjera que de hecho se trata de un supuesto ataque fruto de la lucha de Keiko “contra la corrupción».
De forma paralela, el APRA denunció un supuesto intento del Gobierno de intervenir el poder judicial y la Fiscalía, si bien no aportó prueba alguna a ese respecto salvo un papel cuyos portavoces luego no quisieron enseñar a la prensa.
A juicio del diputado César Vázquez, del grupo Alianza para el Progreso, todas estas medidas del FP y el APRA, que a su juicio son inconstitucionales, solo buscan añadirle “gasolina a la casa” para que esta “estalle».
En declaraciones a la emisora RPP, el legislador explicó que mediante la aprobación de normas inaplicables lo que buscan es finalmente que Vizcarra opte por cerrar el Congreso y poder presentarse como víctimas.
