David Alvarez
El resultado de la investigación de la JCE sobre las más de diez millones de actas de nacimiento del 1929 hasta el 2007, fruto de la absurda sentencia 168-13, y luego de gastar centenares de millones de pesos, arroja como resultado que únicamente 131 serán sometidas a los tribunales y el reconocimiento de que cerca de 55,000 dominicanos y dominicanas que les fueron negados sus documentos -la mayoría por ser de ascendencia haitiana- eran y son dominicanos de pleno derecho.
El sufrimiento padecido por esos miles y miles de dominicanos y dominicanas que fueron convertidos en apátridas por ancestrales rencores racistas de muchos de sus compatriotas no es posible compensarlo.
El resultado, es menester reconocerlo, es justo en gran medida y pone un valladar a la prédica xenófoba de tantos voceros del antihaitianismo, hoy reducidos política y socialmente a su minúsculo tamaño.
El gobierno de Danilo Medina, a quien le explotó el tema en sus manos, sin buscarlo, ha respondido con sentido responsable, respetando los Derechos Humanos y estableciendo una legislación adecuada al Estado de Derecho.
Es fundamental que el debate sobre temas como la nacionalidad, las relaciones internacionales o la actividad de las organizaciones de la sociedad civil se base en la razón y el diálogo, nunca en mentiras. Ni hay un plan de fusión de ambos Estados en la Isla, ni la prensa crítica o las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de los habitantes de nuestro país son traidores a la patria.
