La Junta Central Electoral recién decidió prohibir la publicación de encuestas políticas. Es un absurdo e inconstitucional abuso de poder, pues una medición de opinión pública realizada honestamente acorde a las mejores prácticas no es más que una fotografía puntual de un momento de la cambiante disposición del público, tan variable como la dirección del viento.
Otra cosa es realizar, encargar o publicar cuestionables “encuestas” para mostrar espurios resultados favorables a sí mismo; si lo hace un candidato o partido, el asunto es moral y éticamente censurable. Sin embargo, mentir no puede prohibirse mediante leyes ni reglamentos o disposiciones administrativas, aunque sí constituye un delito que la mentira sea injuriosa, difamatoria o que destruya o afecte algún derecho ajeno.
Es similar a la publicidad engañosa que sólo puede penarse después de publicada y demostrarse su daño. Alegar que alguna encuesta favorece a tal o cual aspirante o partido no puede ser impedido a priori sin que constituya una grosera censura previa, prohibida por la Constitución, las leyes y el sentido común.
El público no es bobo ni pendejo. Tampoco los medios serios. Cada aparentemente nimia cosa que hacen los políticos, como que Abinader use chaqueta sin corbata o David Collado camisa blanca con jeans, nunca tiene igual efecto cuando sus competidores la imitan.
Las recidivas de fantasmeo, como que el algorítmico Leonel nunca acepte que su tiempo pasó o que el habilidoso Danilo crea que el PLD bajo su mando tiene futuro, son recibidas por el público con igual desdén y burla que las falsas encuestas.
¿Prohibirá eso también la JCE? Hay tantas diarias violaciones reales de disposiciones legales, electorales y de otro tipo, que prohibir la publicación de encuestas luce ser un desatino ridículo, para perder tiempo con acciones judiciales o recursos de amparo de predecible resultado. ¡Cuántas cananas vacías!
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