Ya no valen los filtros de medios tradicionales para comprobar argumentos y verdades de abogados e imputados expuestos en la prensa masiva. Hay otro hoyo por donde se filtran sin arrugas, y con peso oficial: las instituciones del sistema judicial.
La Procuraduría General de la República y las fiscalías de las diferentes demarcaciones ahorran caminos a abogados e imputados, pues esas mismas instituciones se encargan de enviar a los medios las notas de los casos que manejan. Cuánto más salsa y morbo, mejor.
En los últimos años, incluso, los departamentos de prensa de esos actores del sistema judicial han integrado personal periodístico y editorial bien capacitado y especializado, lo mejor del periodista nacional, quizás; por lo que aquellas engorrosas notas judiciales tipo policiales, son cosas del pasado. Ya las notas están bien elaboradas, bien argumentadas.
De modo que esos partes noticiosas enviados a la prensa tradicional y digital del país sirven de anuncio, enlodan, limpian o hunden a imputados, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y están protegidos por la Constitución de la República, en el artículo 227, que sentencia que las decisiones judiciales deben adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Cuánto más preponderancia tengan los imputados, mejor. Ya no se trata del pobre diablo que apuñaló un ciudadano para robarle un celular; ahora los protagonistas de esas notas oficiales son empresarios evasores de impuestos, figuras públicas acusadas de violaciones sexuales o violencia de género, funcionarios con delitos varios.
Las notas se envían también con morbo y, por qué no, con sentido estratégico. En muchos casos dar la noticia e informar a la sociedad pasa a un segundo plano del soterrado interés de hundir imputados antes de que la justicia haga su trabajo.
Esas instituciones, deliberadamente o no, se suman a la práctica de linchamientos mediáticos, como lo llamó -en el muy leído libro Justicia y medios de comunicación- la jueza Katia Miguelina Jiménez.
En cierta forma, la Procuraduría y las fiscalías, con facultades otorgadas por la ley, se suman también a los juicios paralelos que se desarrollan en la prensa, redes sociales y la opinión pública nacional en busca de presionar a los jueces en la obtención de sentencias favorables.
El gran púlpito de la justicia tiene, pues, a las instituciones judiciales del Estado en esos olímpicos juicios mediáticos.
Agradecería cualquier comentario a nuestro artículo de este día. (prensapedroangel@gmail.com).
