Daris Javier Cuevas.
En las últimas cuatro décadas muchas inversiones de empresa e individuos que procuran una multiplicación acelerada de sus respectivos patrimonios, han migrado sorpresivamente de una manera oculta y silenciosa hacia lugares donde nada tengan que declarar. Para alcanzar sus objetivos escogen los denominados paraísos fiscales, esto es, un territorio donde el pago de impuestos es insignificante, o inexistente.
Esos lugares normalmente se concentran en ciertas partes del mundo, pero a su vez, es una actividad económica que procura privilegios frente al resto. Por tales razones, su finalidad es captar fuertes inversiones, constituir sociedades, acoger personas físicas con grandes capitales y promover la especulación financiera vía la tasa de interés y la confidencialidad.
Los criterios de operatividad de los paraísos fiscales es ofrecer a las personas físicas y jurídicas extranjeras el no pago de carga tributaria en un entorno de un alto grado de estabilidad macroeconómica, social y política. En adición, la atracción de estos lugares va acompañada de la ausencia de información financiera a las autoridades fiscales extranjeras y de esta manera evitar el pago de impuestos en sus países de origen donde se origina la fortuna invertida.
Es muy cierto que se trata de una operación fundamentada en la legalidad, pero a su vez, un individuo o empresa le asiste el legítimo derecho de poseer cuentas bancarias o realizar una operación de fideicomiso en el extranjero con determinado número de acciones. Ahora, todo esto puede convertirse en ilegal cuando no se declare esos fondos de inversiones o las ganancias que estos generen en sus países de origen, y en ese instante, se está ante la presencia de un acto ilícito.
La práctica de la tributación a escala global ha establecido que es totalmente ilegal que todo contribuyente que no declare ingresos en cualquier lugar del mundo está cometiendo un delito o infracción cuyo desenlace se define en los tribunales con penalidades financiera o de prisión, según las Leyes de cada país. Pues resulta que estos flujos financieros representan una sustracción relevante de recursos para los diferentes países ya que al evadir impuestos se convierten en un real obstáculo para alcanzar el progreso y avanzar hacia un desarrollo sostenible e incluyente, al tiempo que deterioran la confianza en las instituciones que impulsar la lucha contra la pobreza.
Los paraísos fiscales han tenido un desarrollo espectacular a partir de los años setenta, cuya dimensión ha encontrado su viabilizarían a través de la expansión de la denominada banca transfronteriza, o banca off-shore, impulsadas por la desregulación de los mercados financieros, la tecnología y la globalización financiera. La explosión de las operaciones comenzó a generar sospechas en el 2013 cuando se filtraron 2,5 millones de archivos de los offshore leaks, los Panamá papers con 11,5 millones, en el 2016, los Paradise papers con 13,4 millones en el 2017 y el gran escándalo de pandora papers 2021, el cual involucra presidentes y directores de impuestos de diferentes países.
Estos escándalos ponen de manifiesto la existencia de un cambio de paradigma en la sociedad del siglo XXI, en el entendido de que ya el capital financiero especulativo parece ser insuficiente para configuración de una estructura social. Pues de lo que se trata es de una sociedad moderna, liquida, cuyo objetivo es imponer pagar menos impuestos o no pagar nada, lo que en la realidad se traduce en la segmentación de dos clases de personas, esto es, lo que pagan impuestos de manera religiosa y otras que deciden no pagar impuestos, en virtud de ser miembros de las elites financiera global.
Los papeles de pandora evidencian la existencia de un entramado societario que ocultan los beneficios que reciben alrededor de 30 mil personas, 35 jefes de Estados y ex jefes de Estados que ocultan fortunas en los paraísos fiscales aprovechando la baja tributación y el anonimato, en perjuicio de la transparencia. Estas operaciones en los paraísos fiscales ya representan el 10% del PIB mundial, razón por la cual el FMI y la OCDE sugieren que estos capitales sean gravados con una tasa de un 15% y que se incluyan en la reforma fiscal en cada país.
