Entre los recuerdos de mis inicios en la profesión periodística, tengo con ramos de laurel, los de la participación en capacitaciones y formaciones generadas por las entidades responsables de elaborar y/o aplicar políticas públicas.
Así, por ejemplo, los reporteros y analistas de aquellos años (1980-1990) participábamos en cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias nacionales e internacionales, organizados por entidades como el Banco Central, el Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana, las universidades, las organizaciones de profesionales y otras tantas.
La práctica ha continuado, felizmente, aunque el entusiasmo de los convocados parecería que no es el mismo, lo cual no significa que a la mayoría de los comunicadores no pueda interesarles las propuestas.
Cuando obtuve el título de licenciada en Derecho (2013), una de las propuestas de mi tesis, “Impacto del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del sistema democrático de República Dominicana”, fue la de divulgar la Constitución de la República por vías convencionales, como las escuelas, universidades y medios de comunicación, así como por otras más novedosas, como los entonces emergentes canales digitales.
En los últimos tiempos, se observan capacitaciones en seguridad social, en turismo, medio ambiente, transporte y otras y, no sin intención, he dejado para el final las que tienen que ver con la Constitución, los códigos y las leyes del país.
El introito busca agradecer a las entidades que desde hace mucho tiempo contribuyen con la formación de los profesionales de la comunicación social y abogar para que esa práctica siga expandiéndose en otras áreas, pero, sobre todo, que los aprendizajes puedan ser aplicados por quienes tenemos el compromiso y deber de orientar a la ciudadanía.
Con frecuencia escuchamos y leemos cosas como “el presunto imputado”; “el posible homicida”, “el que violó a la niña”; “la pareja del homicida (refiriéndose a una menor de edad” y tantas expresiones que, analizadas desde el marco jurídico, son totalmente incorrectas que nos entusiasmamos con la idea de que las formaciones sigan implementándose y se extiendan hacia todos los que día a día utilizan el micrófono y la pluma para entrar en contacto con grupos masivos.
El lenguaje jurídico no admite esa ambigüedad. Cada palabra en el derecho penal y constitucional tiene un peso específico, y cuando se distorsiona, se compromete la justicia misma.
La acusación es un acto procesal cierto: o existe, o no existe. No hay nada de “presunto” en la condición de acusado. Lo que sí puede ser presunto es el hecho atribuido, nunca la existencia de la acusación.
Hablar de “presunto acusado” es levantar un muro de niebla que diluye la certeza del proceso y siembra dudas sobre la seriedad de las instituciones.
La presunción de inocencia, piedra angular del Estado de derecho, recae sobre la culpabilidad del hecho, no sobre la existencia de la acusación.
Confundir estos planos es un error grave que afecta la seguridad jurídica y debilita la confianza ciudadana y eso se recibe, permanentemente, desde los medios de comunicación social.
Ante esta realidad, es loable la estrategia de instituciones como el Tribunal Constitucional dominicano y del Defensor del Pueblo, de consolidar sus propuestas de formación destinadas a los comunicadores dedicados a tratar temas de competencia de estas áreas.
El pasado lunes, el TC inauguró el Diplomado en Derecho y Justicia Constitucional para Comunicadores, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Lo hizo con un conversatorio gratificante que se convirtió en un avance de la importancia que habrá de tener esa formación para reporteros y analistas del ámbito jurídico nacional.
En esa ocasión, hubo un debate titulado “La comunicación efectiva de las decisiones constitucionales”, en el que participaron los magistrados del TC, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Sonia Díaz Inoa; el presidente y director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, y el profesor, abogado y periodista Carlos Manuel Estrella.
