José Báez Guerrero
No es secreto que cada vez que “la camiona” de Migración hace una redada de trabajadores que son inmigrantes ilegales o indocumentados, para su liberación sin deportación pagan hasta RD$20,000 cada uno.
Muchas veces el cobro del soborno o exacción es menor, una gracia o descuento por volumen a ingenieros o finqueros.
Si como dicen las autoridades, en poco más de dos semanas han deportado a 1,384 haitianos diariamente, no hay que ser muy perspicaz para entender la enorme magnitud del corrupto negocio del tráfico de trabajadores.
Para apreciar cuántos millones mueve diariamente hay que sumar las “transacciones fronterizas”, otra modalidad.
Es absolutamente indefendible que los procuradores, fiscales y jueces independientes sepan esto sin mover la acción pública en defensa de la nación.
Los operativos de agentes migratorios, militares, policías y el Ministerio Público involucran a tantas autoridades que buscar responsables resultaría como el asesinato del abusador de Fuenteovejuna, que somos culpables todos a una.
Pero esta barbaridad debe enfrentarse con macana legal si deseamos rebatir con suficiente autoridad moral muchas críticas y ataques al país por causa de las justificadas, soberanas y legales deportaciones de inmigrantes ilegales.
Urge que las reformas incluyan este vergonzoso aspecto de la flagrante impunidad que nos atosiga.
