Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió hoy a la Junta Central Electoral (JCE) respetar el derecho que a su juicio tiene la ingeniera Francina Hungría a ser candidata a vicealcaldesa por el Distrito Nacional.
El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, consideró que el rechazo de la candidatura de Hungría deviene en una objeción «absurda y atentatoria» a la Constitución y a sus principios, tales como el de razonabilidad y trato igualitario.
Recordó que artículo 58 de la Carta Magna dispone bajo la responsabilidad del Estado de garantizarles a personas con la condición de Francina protección, participación y goce pleno del ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, incluyendo de manera expresa la participación en política.
Recalcó que la Constitución le garantiza una protección especial a los grupos minoritarios y vulnerabilizados, sobre todo bajo el entendido y espíritu de que la democracia es el derecho de las grandes mayorías, pero siempre reservando, protegiendo y privilegiando la representatividad y participación de las minorías.
El jurista lamentó que la Junta Electoral del Distrito Nacional en una interpretación errónea de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios haya confundido el concepto de residencia con el de domicilio, condición esta última que es la que aparece listada en el artículo 37 de la referida ley, cuando dispone como requisito el estar domiciliado el último año de la demarcación que va a representar, en ese sentido nótese que en ninguna parte la Ley 176-07 habla de “residencia”, que es un elemento distinto al de domicilio.
El vocero de la FJT vaticina grandes tropiezos y conflictos por la falta de una ley de partidos políticos que contemple de manera clara y meridiana las diversas eventualidades y diferendos que pudieran generarse fruto de la contienda electoral, al mismo tiempo la entidad externo su preocupación por el desfasado y descontextualizado sistema electoral, el cual le permite a los organismos electorales y sus funcionarios una discrecionalidad peligrosa y perturbadora a la hora de interpretar la ley electoral, todo ello ante la evidente falta de un marco jurídico normativo actualizado.
