“En el rol de fiscalización del diputado, haré particular énfasis en el cumplimiento de las leyes migratorias, y que dentro del marco al respeto de los derechos humanos, la República Dominicana aplique controles fronterizos efectivos, y se haga un saneamiento de la población extrajenra residente en República Dominicana”.
Este es otro de los irrenunciables compromisos que asumí el día de la presentación de nuestra candidatura. El control de la migración no es solo un derecho soberano de los países; es sobre todo un deber del gobierno con respecto de la ciudadanía.
El desorden migratorio pone en peligro la seguridad de las personas, y la seguridad interna del Estado. Además, los ciudadanos de un país no deben ser obligados a compartir los servicios que con sus impuestos (y los de sus padres y abuelos) el Estado provee.
La migración es un proceso natural de la humanidad, pero debe darse bajo reglas y controles establecidos según la realidad y el interés de cada país.
Las fronteras (terrestres, aéreas y marítimas), no deben ser una barrera impenetrable, más bien una puerta donde se reciba con amabilidad a quien cumple con los requisitos, pero que a la vez proteja a quienes están dentro.
Dado el desorden y la mafia que ha imperado por décadas en torno a este tema, es preciso hacer un saneamiento de la población migrante que reside en nuestro país. Los que cumplan con los requisitos, que sean investidos del estatus que les garantice plenos derechos; los que no, que dentro del respeto a sus derechos, sean retornados a sus países de origen.
El padre que no cuida su casa es un irresponsable. El gobernante (incluidos los congresistas) que no cuida su país, no merece pisar su suelo, mucho menos dirigir su pueblo.
Como ciudadano, procuro ser consciente de mis derechos, y exigirlos con vehemencia. Como diputado, seré consciente de mis deberes, y los cumpliré con determinación.
