Panamá.– La Fiscalía de Panamá registró hoy dos empresas del expresidente Ricardo Martinelli y las residencias de sus hijos tras la declaración de una de sus empleadas, la abogada Evelyn Vargas, imputada por blanqueo de capitales en el caso de los sobornos de Odebrecht.
En concreto, el Ministerio Público realizó una inspección ocular al despacho de Vargas en la compañía Ricamar, en el barrio periférico de Monte Oscuro, y las instalaciones de la Promotora Los Andes, en el distrito capitalino de San Miguelito, informó la abogada Alma Cortés, defensora de Martinelli, a periodistas.
En ese lugar se encuentran oficinas de los dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, cuyas residencias también fueron registradas según confirmó a medios locales su abogado Rogelio Cruz, exprocurador general del país.
Vargas, quien aterrizó el miércoles en Panamá procedente de México, donde se entregó a la Interpol, trabajaba en Ricamar a órdenes del exgobernante, un magnate de los supermercados, y la fiscalía lo que buscaba son “unas certificaciones”, detalló Cortés.
La abogada Vargas, también empleada de los hermanos Martinelli, de acuerdo con Cruz, presta declaración en el Ministerio Público y desde su llegada está en detención preventiva.
Sobre la Promotora Los Andes, Cortés dijo que ese es un negocio propiedad del expresidente que dio en “herencia” a sus dos hijos varones, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero.
El Ministerio Público les acusa de haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora Odebrecht, que fueron congelados por Suiza.
Según medios locales, Vargas abrió al menos cinco sociedades anónimas con cuentas bancarias en Suiza, en las que los hermanos Martinelli aparecen como beneficiarios finales de los dineros de Odebrecht.
El Ministerio Público adelanta en Panamá seis investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos la abogada y los hijos de Martinelli.
La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.
Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.
La multinacional brasileña sí alcanzó un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza y pagará multas que suman al menos 2.047 millones de dólares.
