PANAMA. — La fiscalía especializada en delincuencia organizada inspeccionaba el miércoles computadoras y documentos en Mossack Fonseca en busca de evidencias sobre posible blanqueo de capitales u otras prácticas oscuras del bufete que creó millares de sociedades fachada en paraísos fiscales.
La procuradora general Kenia Porcell dijo en rueda de prensa que aún no podía informar sobre los hallazgos ni si la información encontrada permitía acreditar algún posible delito de la firma de abogados.
Agregó que ello tendrá que establecerlo el fiscal que lidera la pesquisa, Javier Caraballo, quien con un grupo de expertos forenses y en informática realizan la inspección desde la tarde del martes.
El allanamiento incluyó a filiales del bufete y revisiones en el servidor de la empresa telefónica que brinda soporte informático a ese despacho.
“Es importante que se tenga algo muy presente: si bien en principio se habla de computadoras, estamos en una investigación muy compleja porque estamos hablando de una firma que tiene distintos servidores en distintas áreas, por lo que el allanamiento se realizó de manera simultánea”, explicó la fiscal general.
Agregó que “lo que se está verificando es la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilícito… No estoy diciendo en sí que hay un delito”.
El allanamiento de la sede principal del bufete comenzó la tarde del martes, diez días después de que se publicara la investigación global de los llamados “Papeles de Panamá”, una cascada de documentos filtrados de la firma que arrojaron luz sobre cómo personalidades ricas y poderosas utilizaron empresas de papel para ocultar fortunas en plazas con ventajas fiscales.
Agentes de la policía nacional y periodistas nacionales y del extranjero han permanecido en las afueras del inmueble que alberga el despacho desde que comenzó la diligencia.
Poco antes del mediodía, una treintena de personas, entre obreros de la industria de la construcción, indígenas, campesinos y estudiantes, llegó hasta las inmediaciones del edificio donde opera la firma para exigir que se lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
“Exigimos justicia. No podemos permitir que una firma de abogados tenga el nombre del país en entredicho”, dijo Luis González, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, uno de los más poderosos del país.
“Que se investigue a estos sinvergüenzas y que se los meta preso”, agregó.
Algunos juristas renombrados del país cuestionaron a la Procuraduría General al considerar que demoró en ordenar el allanamiento del bufete, cuyas filtraciones han golpeado duramente la imagen del país y su vieja actividad de servicios legales y financieros.
“Al día siguiente en que se hicieron las revelaciones el Ministerio Público debió haber intervenido inmediatamente Mossack Fonseca, haber capturado la data, la computadora, recogido toda la prueba”, consideró Italo Antinori, doctor en derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, al cuestionar que se haya dejado pasar más de una semana desde la difusión de los documentos.
“Muchísimas pruebas se pueden haber diluido, alterado”, añadió. Autoridades de El Salvador y Perú allanaron filiales del bufete poco antes de la acción judicial panameña, refirió.
El gobierno del presidente Juan Carlos Varela busca reparar los daños y revertir por la vía diplomática la decisión del gobierno francés de reincorporar a Panamá a una lista de naciones no cooperantes en el intercambio de información fiscal después de conocerse las masivas filtraciones.
Varela también prometió que Panamá colaborará enérgicamente con investigaciones que realicen otros países a raíz de la publicación de los documentos del despacho panameño.
Mossack Fonseca aseguró la noche del martes que colabora en la investigación y reiteró que el único delito cometido tiene que ver con el ataque informático del que fue blanco y que está siendo investigado por otra fiscalía.
