El Ministerio Público venezolano informó ayer de la privativa de libertad a 11 de los detenidos en los dos principales campamentos de protestas de los cuatro que se mantenían en Caracas y que fueron desmantelados por las fuerzas de seguridad durante la madrugada del pasado jueves.
Informó por comunicado de que a ocho de ellos se les acusa de “porte ilícito de arma de fuego, asociación ilícita para delinquir, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias”.
A otros tres, dos hombres y una mujer, el Ministerio Público solicitó la libertad bajo fianza por estar “presuntamente involucrados en los delitos de detentación de sustancias incendiarias, agavillamiento e incitación a la desobediencia de las leyes”, añadió el comunicado.
Para los once el lugar de reclusión serán las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el oeste de la capital.
Indicó que en otros 156 casos de estos dos campamentos la Fiscalía impuso “medidas cautelares” como la “presentación periódica” ante los tribunales así como un “tratamiento médico especializado que permita su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas” a 15 de los imputados.
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