Fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz,
BOGOTÁ. – La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, salió el martes rumbo a Brasil desde Bogotá, adonde había llegado la semana pasada para evitar ser detenida en su país, informaron las autoridades migratorias de Colombia.
Díaz, que no reconoce su destitución, participará en un encuentro de ministerios públicos de Mercosur en Brasil este miércoles, según declaró ella misma a La Patilla, un medio venezolano opositor al gobierno.
«Este evento me va permitir mostrar al mundo las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y su entorno en graves hechos de corrupción», dijo la fiscal destituida a ese sitio de noticias, en su primera declaración desde su llegada a Colombia.
Desde su expulsión de la Fiscalía el pasado 5 de agosto, Díaz insiste en que su destitución tiene que ver con su investigación sobre el conocido caso Odebrecht en Venezuela y asegura que tiene pruebas de que el escándalo de sobornos que se extiende a toda la región salpica al presidente Nicolás Maduro y a su círculo cercano.
Sin mencionar hacia qué ciudad viajó, Migración de Colombia informó en un comunicado que Ortega -de quien se refirió como «Fiscal General de Venezuela»- partió a Brasil.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos había ofrecido asilo político a la exfuncionaria venezolana, que llegó el 18 de agosto a Bogotá en un avión desde la isla caribeña de Aruba tras ser acusada en su país de presuntamente dirigir una red de extorsión.
La destitución de la fiscal fue la primera medida de la Asamblea Constituyente venezolana, que empezó a funcionar con la amenaza de perseguir a los críticos del gobierno de Maduro.
Ortega abandonó Venezuela poco después de que la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por partidarios del gobierno, aprobara el allanamiento de la inmunidad de Ferrer y autorizara al Tribunal Supremo de Justicia enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde la extorsión hasta el lavado de dinero.
La Constituyente, que se instaló a comienzos de agosto, se ha declarado con poderes sobre todas las demás ramas del Estado, incluida la Asamblea Nacional, y se ha atribuido facultades judiciales y penales. Sus miembros han prometido castigar a los líderes opositores que promuevan protestas contra Maduro.
