BUENOS AIRES.-Un fiscal federal pidió el jueves a un juez que indague al vicepresidente argentino Amado Boudou y al titular del fisco por considerarlos sospechosos de haber incurrido en tráfico de influencias.
Boudou ha negado en diferentes apariciones públicas haber estado involucrado en maniobras delictivas.
Lo mismo hizo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Etchegaray. Por ahora no hay reacción de gobierno al pedido del fiscal Jorge Di Lello.
Las negociaciones habrían tenido como objetivo que una impresora de billetes quedara bajo control de un fondo de inversión cuyos dueños tendrían vinculación con el vicepresidente, según Di Lello.
El fiscal requirió al juez federal Ariel Lijo la indagatoria por considerar que los funcionarios realizaron “negociaciones incompatibles con la función pública” en la quiebra y posterior adquisición de la impresora Ciccone Calcográfica por parte del fondo de inversión The Old Fund, según el dictamen publicado por el sitio informativo del Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar).
La investigación judicial que complica al vicepresidente busca determinar si Boudou usó su posición como ministro de Economía hace más de tres años para ayudar a The Old Fund a que levantara de la quiebra a la impresora de billetes de curso legal, una de las principales del país, con un ventajoso plan de moratoria ante el fisco y luego favorecerla con contratos con el Estado.
No hay un plazo definido para que el juez responda si acepta el pedido del fiscal para interrogar a los imputados.
En el caso de acceder a tomar declaración indagatoria a Boudou, el magistrado podría posteriormente considerar al vicepresidente responsable de un delito o considerar que no hay motivo para inculparlo.
La pena que les cabría a los funcionarios públicos sería de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, según el código penal, indicó el sitio del Ministerio Fiscal. Di Lello señaló en su pedido que dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa “no resulta razonable que se facilite” que un vicepresidente “esté sujeto a investigación penal de manera eterna e indefinida”.
“Se torna imprescindible establecer la situación jurídica, sujeta a una gran actividad mediática, de quien ya en varias oportunidades, se ha desempeñado como Presidente de la Nación, brindándole de esta manera la posibilidad de un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal”, afirmó el fiscal. Boubou ha ocupado la presidencia del país cuando la mandataria Cristina Fernández ha viajado al extranjero.
El llamado “caso Ciccone” es uno de supuestos hechos de corrupción más sonados durante la gestión de Fernández. Según las encuestas, Boudou es el funcionario público con peor imagen.
Como ministro de Economía, participó de las supuestas negociaciones en torno a la imprenta antes de que la mandataria lo eligiera como compañero de fórmula para las elecciones de octubre de 2011, en las que fue reelegida.
El fiscal también pidió la indagatoria de un asesor del titular del fisco y de ocho empresarios para esclarecer su participación en la compra de la impresora con fondos “cuyo origen fueron puestos en duda y que a la postre aún son materia de investigación”.
Entre los empresarios está Alejandro Vandenbroele, quien se sospecha que podría ser testaferro del vicepresidente. La adquisición de la compañía, según el fiscal, habría tenido la intención de lograr su contratación por parte del Estado para producción de billetes de curso legal y, en ese contexto, Boudou se habría interesado en la operación comercial junto a su socio José María Núñez Carmona, cuya indagatoria también solicitó el fiscal.
Di Lello señaló en su escrito que se produjeron diferentes reuniones entre el entonces ministro y varios de los empresarios imputados en la causa en las que se “resolvía” la forma en que los capitales privados interesados se iban a quedar con la impresora.
En tanto, las acusaciones contra el titular del fisco se basan en su decisión de autorizar un plan de pagos para que Ciccone (luego denominada Compañía de Valores Sudamericana) liquidara una deuda impositiva millonaria en términos aparentemente ventajosos a pedido del entonces ministro de Economía.
Di Lello señaló en ese sentido que el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un “beneficioso plan de pago” de las deudas que mantenía la empresa, “se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios” de la AFIP.
El fiscal fundó esas sospechas en que en un expediente del fisco hubo maniobras para efectivizar un “salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando el mismo organismo dos meses antes había solicitado la quiebra” de la compañía.
