Carlos Salcedo
La suspensión de las elecciones municipales por parte de la Junta Central Electoral (JCE) no tiene precedentes en nuestro país.
A pesar de que los problemas se presentaron en el voto automatizado, la resolución de la JCE alcanzó también a la modalidad del voto manual. Duro golpe para la institucionalidad democrática.
La JCE carece de facultades para anular el certamen electoral, como lo hizo, pues dicha figura jurídica es un acto de naturaleza jurisdiccional y solo puede afectar a los colegios de cuya impugnación se trate.
Es decir, ello resulta sólo de las demandas de anulaciones de las elecciones que puedan realizar los partidos, movimientos y organizaciones políticas (arts. 18 a 26 Ley 29-11).
Pero se puede sostener, con argumentos válidos, que en virtud del artículo 18.22 de la Ley 15-19, la JCE debe resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral para rodear el sufragio de las mayores garantías y ofrecer las mejores facilidades a los ciudadanos para que puedan ejercer el derecho al voto.
Cierto es que frente a la realidad – distorsiones del sistema del voto automatizado que impedían el derecho al voto, la JCE debía cumplir sus obligaciones constitucionales, de organización y dirección de las asambleas electorales para, en virtud del principio de juridicidad, superar cualquier situación que impidiera el ejercicio del derecho al voto.
Deberá producirse una investigación seria, con vigilancia ciudadana permanente, con ayuda internacional, para detectar si hubo manos interesadas en afectar el proceso, para que estas paguen las consecuencias, sin descartar a los propios miembros de la JCE ni a sus funcionarios y empleados, si así ocurrió.
Sin quitarle la dimensión al problema y sin excluir a nadie de las investigaciones, se impone la sensatez política y ciudadana.
El propio presidente de la JCE reconoció que no hubo un control de calidad en la clonación, purga, instalación y carga de las boletas.
Los negligentes o delincuentes deberán responder; pero el mayor trauma era el celebrar las elecciones en las condiciones ya conocidas.
Al tiempo de realizarse las investigaciones para los responsables, pues los titulares de la JCE deben permanecer para superar esta situación, con la cercanía y vigilancia ciudadana y con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales.
