FINJUS llama a priorizar Código Procesal Penal en agenda legislativa

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó al Congreso Nacional a priorizar en su agenda legislativa el conocimiento del Código Procesal Penal, ya que representa una oportunidad crucial para subsanar diversas deficiencias que afectan el funcionamiento del proceso penal.

A través de un comunicado la entidad refirió que es el momento oportuno para revisar y precisar aspectos clave como la declaratoria y el cómputo de los casos complejos, cuya ambigüedad genera inseguridad jurídica y dilaciones innecesarias.

“Resulta indispensable fortalecer la aplicabilidad del principio de oportunidad y avanzar en la racionalización de los procesos, promoviendo una justicia más ágil y eficiente. También debe examinarse con rigor el rol de los distintos entes del sistema de justicia, en especial el Ministerio Público, para garantizar una actuación coherente con los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Asimismo, es imprescindible revisar las formalidades del proceso acusatorio”, destacó FINJUS.

Agregó que en definitiva, fortalecer el régimen democrático dominicano demanda instituciones fuertes, procesos respetuosos de la Constitución y una cultura política que valore el equilibrio razonable entre los poderes del Estado, considerando que es momento de actuar con visión de Estado e institucionalidad, búsqueda de la prosperidad social, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica.

En ese orden, la fundación recordó que el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0765/24, del 6 de diciembre de 2024, declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley núm. 10-15, que había introducido significativas reformas al Código Procesal Penal (CPP).

Apuntó que en un ejercicio de prudencia institucional, decidió suspender los efectos de la sentencia por un año, permitiendo que durante ese período la ley continúe vigente para evitar un vacío normativo que pudiera comprometer la seguridad jurídica o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Destacó que la decisión no cuestiona el contenido sustantivo de la reforma, sino que pone en evidencia un error procedimental que afectó el proceso legislativo, particularmente el principio de deliberación conjunta y la aprobación bicameral previsto en los artículos 76 y siguientes de la Constitución, reafirmando que el respeto al proceso legislativo es parte esencial del sistema democrático, ya que la bicameralidad no solo busca un equilibrio político, sino también una mayor racionalidad en la toma de decisiones.

FINJUS además insistió en la necesidad de observar estrictamente los procedimientos constitucionales, incluyendo la aprobación por ambas cámaras y el voto calificado cuando corresponda, para garantizar la validez de las leyes.

“Este llamado del Tribunal Constitucional no debe interpretarse como una simple anulación normativa, sino como una oportunidad institucional para retomar el proceso legislativo”, reseña el documento.