Nassef Perdomo Cordero, abogado.
La semana pasada el presidente de Argentina Javier Milei dijo que se propone eliminar el financiamiento público de los partidos políticos.
Sus declaraciones corrieron como pólvora en las redes sociales, incluyendo a muchos usuarios dominicanos que alabaron al mandatario argentino y lamentaron que en nuestro país no se proponga lo mismo. Pero, ¿sería eso conveniente?
La respuesta a esta pregunta no es tan simple como pretende el gobernante del país austral. Los partidos políticos cumplen el papel de intermediarios entre el Estado y los ciudadanos.
En sociedades complejas, las democracias directas son imposibles, tal y como ya a principios del siglo XIX señaló Benjamin Constant en su célebre discurso “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”.
Como sostuvo Constant, en una sociedad moderna el ejercicio de la administración del Estado es una actividad a tiempo completo, que no deja lugar a las personas para disfrutar de los beneficios de la libertad. Es decir, a desarrollarse personal y profesionalmente.
Así las cosas, los partidos cumplen el papel de mecanismos de representación. Y eso implica mantener unas estructuras que cuestan dinero.
Eliminar el financiamiento público los pondría a competir no sólo por votos, sino por complacer únicamente a quienes tengan más recursos en la sociedad, excluyendo la voluntad del resto, con el consecuente peligro para la estabilidad política, social y económica que eso representa.
Además, y esto debería ser obvio, eliminar el financiamiento público aplicaría a todos, menos a los partidos en el gobierno. Estos, por vías lícitas e ilícitas lograrán siempre que el erario sostenga sus actividades y su personal, lesionando el equilibrio mínimo indispensable para una democracia.
Dicho esto, es indiscutible que los ciudadanos estamos en el derecho de exigir a los partidos mayor transparencia en el manejo de los recursos que reciben, tanto públicos como privados.
Es necesario un régimen robusto de supervisión que permita garantizar el buen uso de estos dineros.
Pero esto es muy distinto a volver a un estado de cosas en el cual los partidos de gobierno tienen garantizada una ventaja estructural. La democracia tiene costo, pero no tiene precio. Debemos procurar siempre mejorar nuestra institucionalidad y transparencia, pero evitando caer presos de los cantos de sirena del populismo.
Después de todo, los demagogos como Milei son irresponsables, pero no tontos. Sólo proponen cosas que les ofrecen ganancia.
