Celedonio Jiménez
El extraordinario despliegue de dinero y de otros medios en las campañas electorales por los que dominan el poder político, hace que la idea del uso de los recursos del Estado para las mismas sea una idea común en la población y en muchos forjadores de opinión.
Lo que no se tuvo presente es que en el sostenimiento de dichas campañas incidieran recursos de empresas extranjeras, tal como lo ha atestiguado el ingeniero Temístocles Montás apresado hoy por el caso de los sobornos de la inefable Odebrecht.
Para llegar aquí se ha dado un tortuoso periplo. Primero fue reconocido el aporte a la campaña electoral por parte de dos altos funcionarios del tinglado mafioso de Odebrecht, más luego negado por Joao Santana (y su esposa), estratega principal de campaña del presidente Medina, hasta que finalmente el aporte a los gastos de campañas ha sido confirmado por el ingeniero Montás en uno de sus recientes pronunciamientos públicos.
El declarante ha apuntado en el mismo que el aporte fue hecho por el señor Ángel Rondón, y no por la empresa; pero resulta, sin embargo, que se sabía que dicho señor tenía más de una década representando a la Odebrecht en múltiples “transacciones”.
Develada la trama, hay quienes han dicho que no es ilegal recibir aportes para las campañas electorales por parte de empresas extranjeras, tal como lo planteó el miembro del comité político del PLD, Monchy Fadul.
De esta manera se ignora que, por el contrario, la Ley Electoral número 275-97, art.55, establece las fuentes lícitas de financiamiento electoral y prohíbe el aporte a los partidos por parte de gobiernos o instituciones extranjeras.
Se ha argumentado la no reglamentación de sanciones en este caso, pero esto no invalida que tal violación se constituye en un acto ilegal.
En todo caso, si en una flexibilidad extrema se aceptara que no es un acto ilegal, habría que decir, sin embargo, que no es un acto legítimo, que es antiético, puesto que es negador de los más elementales principios de equidad, justicia y dignidad, y es inmoral por violentar normas de moralidad.
Aceptar financiamiento extranjero en las campañas electorales se contrapone a la ley, a la ética y a la moral. Y sin ley, ética y moral seguirá entronizada la corrupción y la impunidad en nuestro país.
