Lima.- Trece muertos y seis heridos por asfixia en la avalancha humana durante una fiesta clandestina en Perú es el saldo del episodio más trágico hasta ahora del generalizado y constante desacato a las normas de inamovilidad social dictadas por el Gobierno para evitar más contagios de COVID-19.
Pese al reiterado pedido de las autoridades para quedarse en casa incluso una vez levantada la cuarentena, la desobediencia a las medidas anti COVID-19 ha sido la tónica habitual de los peruanos, incluso en el confinamiento más estricto. El sábado esa rebeldía se cobró la vida de doce mujeres y un hombre.
El permanente desafío a los protocolos y prohibiciones establecidas explica en parte que Perú sea el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados al acumular ya 585.000 contagios desde inicios de marzo.
Ahora al dolor de los más de 27.400 fallecidos por COVID-19 se suman estos trece jóvenes que participaban en una multitudinaria fiesta clandestina de más de 120 asistentes, entre ellos varios contagiados con COVID-19, en una discoteca del populoso distrito de Los Olivos, en el cono norte de Lima.
DENUNCIAS RECURRENTES
No es un caso esporádico. Vecinos de la zona aseguran que ya eran varios fines de semana que ese local organizaba multitudinarias fiestas pese a que este tipo de reuniones están prohibidas. El ocio nocturno sigue suspendido y un toque de queda rige todas las noches de 22:00 a 4:00 hora local y el domingo todo el día.
«Lamentablemente no es el único. Hay muchos eventos de este tipo que se realizan en Lima y a nivel nacional», admitió este domingo el presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante una visita a la sureña ciudad de Arequipa.
«Es inaceptable que ocurran este tipo de acontecimientos. Tengo pena y tristeza por las víctimas y sus familias, pero también cólera e indignación por los responsables de organizar este tipo de eventos», agregó el mandatario peruano, que exigió una profunda investigación y el máximo castigo contra los culpables.
Durante las últimas semanas han sido numerosos los operativos nocturnos de la Policía para intervenir locales y viviendas donde se celebraban reuniones o fiestas con decenas de personas sin las más mínimas medidas de seguridad.
El jefe de Estado consideró que «no puede ser que haya empresarios como los dueños de esta discoteca que exponen la vida para organizar este tipo de eventos».
A la desobediencia a la inamovilidad social se sumó las peligrosas condiciones del local, con una puerta estrecha y una escalera angosta como único acceso a la discoteca, lo que unido a la oscuridad y la confusión fue el cóctel perfecto para la tragedia.
UN ESTADO SIN CREDIBILIDAD
Para el antropólogo especialista en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), Aldo Pecho, la responsabilidad de las muertes no sólo recae en los mismos asistentes y en los propietarios del local que buscaron lucrarse a costa de la salud pública, sino también en el Estado.
«Como personas somos libres y nos hacemos responsables de nuestros actos, pero… ¿cuáles son las condiciones más allá del individuo? Hay que comprender las condiciones en que se toman decisiones, y esas condiciones las coloca el Estado y la sociedad civil», apuntó.
En ese sentido, el antropólogo consideró que el Estado también es responsable al no ejercer una debida vigilancia y control para evitar estas transgresiones y, sobre todo, por haber perdido credibilidad y legitimidad ante la sociedad, lo que motiva a los individuos a no respetar el Estado y transgredir las normas.
«En América Latina y particularmente en Perú existe una tendencia a transgredir las normas», indicó Pecho, lo que achacó a que la ciudadanía le ha perdido el respeto al Estado.
«En aquellos países donde no existe respeto al sistema político ni confianza a las instituciones y donde la autoridad pierde legitimidad, va a ocurrir transgresión a diferentes niveles», añadió.
IRRESPONSABILIDAD ORGANIZADA
No es difícil encontrar una transgresión en Perú, desde vehículos de transporte que sobrepasan el límite de pasajeros a las aglomeraciones de aficionados en el reinicio del fútbol que obligaron a suspender nuevamente la liga peruana.
Otro ejemplo son los funerales, donde sólo un máximo de cinco familiares pueden asistir al sepelio, pero en cementerios de Lima hay entierros con más de 20 asistentes, como pudo comprobar Efe esta semana.
Perú fue el país de Latinoamérica que más rápido decretó la cuarentena nacional. Con apenas 71 casos de COVID-19 confirmados, el Gobierno ordenó el confinamiento total, cierre de fronteras, toques de queda nocturnos y la suspensión de los viajes interprovinciales.
Pese a ello, le fue muy difícil frenar al curva de contagios ante el incumplimiento sistemático de esas medidas. Una prueba de ello son los más de 50.000 detenidos en las dos primeras semanas de confinamiento por estar en la calle en horario prohibido.
Conforme la cuarentena se alargaba, cada vez menos personas la acataban. Los primeros en incumplirla fueron ese 70 % de la población económicamente activa (PEA) del país que trabaja en la informalidad y que vive con lo que gana cada día, muchos de ellos de familias de bajos recursos e incluso bajo el umbral de la pobreza.
DESOBEDIENCIA COLECTIVA
Tampoco se respetaron las directrices para acudir a los mercados, los principales focos de contagio al inicio de la pandemia, donde acudían familias enteras.
Fuera de Lima, las primeras regiones de Perú en ser crudamente golpeadas por la pandemia fueron aquellas donde el cumplimiento de la estricta cuarentena dictada por el Gobierno fue menor.
Después la COVID-19 afectó a otras regiones que sí habían sido más obedientes para respetar la cuarentena, pero a las que llegaron personas de otros departamentos en fase crítica.
Para cuando se levantó el confinamiento el 1 de julio, este ya era prácticamente inexistente en la práctica en casi todo el país. Desde esa fecha teóricamente debían seguir en cuarentena los niños y los ancianos, pero prácticamente ninguna familia acató ese punto.
Sin confinamiento por ningún lado, el virus se propagó con la reanudación de los viajes interprovinciales a regiones que hasta ese momento habían podido aguantar el embate sin excesivos problemas.
En ello influyó mucho el transporte informal, que trasladó infectados de un lado a otro sin mayores medidas de seguridad ni controles, todo un cóctel perfecto de desobediencias que unidas provocan el recrudecimiento continuo de una emergencia que tiene al país contra las cuerdas y sin respiro desde hace meses.
