Santo Domingo. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el respeto a los derechos humanos es el principio rector de las políticas migratorias que implementa el Gobierno, al tiempo que advirtió que cualquier llamado o acción relacionada con estos temas debe realizarse exclusivamente a través de las autoridades competentes.
Las declaraciones se producen luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiterara su preocupación por la adopción de políticas migratorias que podrían afectar el ejercicio de derechos de personas en movilidad en la República Dominicana, e instara al Estado a revisar su marco normativo desde un enfoque interseccional de derechos humanos.
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“El respeto a los derechos humanos es el principio de las políticas que implementa el Gobierno dominicano”, expresó Raful, al tiempo que destacó que República Dominicana es un Estado de Derecho sustentado en la Constitución y en un orden jurídico que define claramente las funciones de cada poder del Estado.
La funcionaria explicó que las políticas migratorias están fundamentadas en la Ley General de Migración y que el presidente Luis Abinader ha sido categórico en establecer, incluso mediante decretos, el respeto a la dignidad humana como eje transversal de la gestión gubernamental.
Asimismo, aseguró que se trabaja de manera constante en el monitoreo y evaluación de las actuaciones de los agentes migratorios y policiales.
“Se han duplicado los esfuerzos en ese sentido, para poder subsanar cualquier situación que pueda perjudicar la integridad de un ser humano, como manda la Constitución Dominicana”, indicó.
Advertencia
Las declaraciones de la ministra también se producen en medio de tensiones generadas tras el asesinato del adolescente Nauriel Misael Medina, de 14 años, ocurrido la pasada semana en el sector Katanga, en Los Mina, Santo Domingo Este, presuntamente a manos de dos extranjeros.
En ese contexto, el líder de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez, anunció una marcha para el 15 de febrero a la 1:00 de la tarde, partiendo desde la estación Ercilia Pepín del Metro de Santo Domingo, y otorgó un plazo de 10 días para que haitianos indocumentados abandonen sectores en Santo Domingo Este.
Ante ese escenario, Raful enfatizó que en el país “los llamados los hace la autoridad” y que ninguna persona u organización puede atribuirse funciones que corresponden a las instituciones del Estado.
“Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada si no es la autoridad a través de los debidos procesos”, sostuvo.
Reiteró que organismos como la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía son los responsables de ejecutar las políticas públicas en la materia, siempre dentro del marco legal y constitucional.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
