La Habana. – La guerrilla comunista de las FARC instó este domingo al gobierno de Juan Manuel Santos a aplicar los pactos logrados en La Habana contra drogas ilícitas en Colombia, ante el crecimiento del problema, sin esperar alcanzar un acuerdo final de paz.
Las FARC «hacen pública su voluntad de acordar con el gobierno del Presidente Santos, y con plena participación de las comunidades, los procedimientos que sean necesarios para desarrollar desde ya el acuerdo firmado sobre el punto 4 de la agenda de La Habana», referido a ese tema, dijo a la prensa el negociador Carlos Antonio Lozada.
El punto 4 de la agenda está referido a la erradicación del cultivo y comercio de las drogas ilícitas y las medidas para compensar a las comunidades campesinas que dependen económicamente de esa actividad.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desde noviembre de 2012 negocian en La Habana un acuerdo de paz con el gobierno en base a una agenda de seis puntos, dijo que el principio inicial de que nada está acordado hasta que todo este acordado «no puede ser excusa para que el gobierno y el Estado se sustraigan de sus obligaciones constitucionales».
«Nada hay en los acuerdos alcanzados que no sea posible materializar dentro del marco de las leyes vigentes. Su aplicación, por lo tanto, es sobre todo una cuestión de voluntad política y, si se quiere, de justicia social para con los millones de colombianos afectados por las problemáticas que se busca resolver, en parte, con los acuerdos firmados sobre Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Drogas Ilícitas», dijo Lozada.
Señaló que «uno de los consensos nacionales, es aquel que reconoce la nefasta influencia que el fenómeno del narcotráfico ha irradiado sobre todos los ámbitos de la vida nacional, a lo largo de las últimas décadas y su papel en la profundización del conflicto político, social y armado que nos afecta».
El ministro de Justicia Yesid Reyes dijo que el crecimiento del cultivo de coca de un 44% en 2014, registrado en un informe de Naciones Unidas, obliga a «rediseñar la política de drogas», mientras que Bogotá acató la recomendación de la Corte Constitucional de suspender las fumigaciones con glifosato.
Estos son «pasos importantes en dirección a corregir protuberantes fallas en las concepciones que rigieron hasta ahora, la lucha del Estado colombiano contra las drogas», reconoció Lozada.
La aplicación de los acuerdos alcanzados en esta materia, «acompañado de otros gestos de desescalamiento, que en corto tiempo lleve a las partes a suspender definitivamente las acciones armadas, no solo retornaría la confianza y la credibilidad al proceso, sino que además lo colocarían en un nuevo lugar, a salvo de las presiones y provocaciones de sus enemigos», concluyó.
