La aprobación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es un relevante hito para consolidar el imperio de la ley y la seguridad jurídica en el país.

Desde tiempos inmemoriales todas las sociedades han tenido necesidad de algún organismo que se ocupe de la seguridad de la sociedad o del Estado, incluyendo las labores de inteligencia.

En países que hemos padecido dictaduras como la de Trujillo, o tiempos turbios como los doce años de Balaguer, cuando la izquierda rehusaba los métodos democráticos y prefería el terrorismo y la sedición, la ciudadanía mantiene un legítimo recelo ante los organismos de seguridad, que fueron usados con fines políticos o espurios.

La nueva ley preocupa a algunos ciudadanos con temor de que su artículo 11 sobre entrega de información cree situaciones inconstitucionales.

El propio texto expresa: “sin perjuicio de las formalidades legales” para proteger los derechos, la intimidad y el honor personal, además de las garantías constitucionales.

El ordenamiento y modernización del antiguo DNI, debe alegrar a quienes anhelamos mayor institucionalización. Ninguna ley impide que malandros se extralimiten; una camisa de fuerza legal es buena protección de los derechos individuales.