A partir de este año 2026 hay que extremar la vigilancia ciudadana y el peritaje de expertos en todo lo que se refiere al macro sistema de la administración pública.
Igualmente, el Estado tiene como exordio activar sus alertas, remover y actualizar sus protocolos de controles, vigilancia y salvamentos ante cualquier potencial depredación de recursos que estén bajo la gestión de los funcionarios públicos. Sin importar distinción de su estatus social, empresarial o político.
– ¿Por qué?
Porque se hace imperativo salvar la estabilidad democrática y garantizar el bienestar general de la población. ¿Está en juego el sistema democrático a causa de la corrupción?, nos preguntamos. Y señalamos al respecto:
Existen razones que a algunos nos parecen obvias. En el país se da inicio a una especie de cuenta regresiva, con miras al proceso electoral del 2028.
Este año será muy reñido, electoralmente hablando, y se puede prestar, asimismo, para despertar no solo pasiones, sino también ambiciones, ansias de riquezas rápidas, fáciles y desmedidas.
Sin dudas comienza una etapa preelectoral y eso implica mayores gastos de recursos en proselitismo.
En tanto, aparecen por ahí los espurios, se abandonan los cánones éticos y los formalismos de la buena práctica administrativa.
Personas con visiones radicales de la realidad nacional, plantean ante esta situación, la necesidad de acorazar la gestión administrativa del Estado a través de la movilización de todos los mecanismos preventivos y de control, como son:
-Cámara de Cuentas de la República Dominicana;
-Ministerio de la Administración Pública;
-Contraloría General de la República;
-Ministerio de Hacienda;
-Dirección General de Contrataciones Públicas;
-Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Abogan igualmente porque el Gobierno central active los mecanismos de fiscalización de las instituciones autónomas del Estado, como la Liga Municipal Dominicana (LMD) y de las entidades de ayuda y asistencia social, las cuales ahora, más que en ningún otro momento, deberán conducirse con mayor apego a los principios éticos que rigen las operaciones del Estado.
Según la Ley número 247-12 de la Administración Pública, corresponde al presidente de la República regir las competencias de la Administración central y del gobierno del Estado que, según el artículo 13 de dicha ley, éste maneja un conjunto de órganos cuyas competencias se extienden en todo el territorio nacional, y cuyos actos se imputan al Estado como persona jurídica.
Eso implica que corresponde al presidente de la República Luis Abinader, adoptar una serie de medidas preventivas, las cuales garanticen al pueblo dominicano el manejo ético a nivel nacional de los recursos del Estado, -como afirman sus seguidores que éste lo hace- en el marco de un mar de aspiraciones a la Presidencia de la República, a posiciones congresuales y municipales en los próximos dos años.
El mandatario se ve compelido, y ahora más que nunca, a garantizar el accionar ético en la administración de los recursos del Estado, no solo por el bienestar de la nación, sino con mayor razón, por su propio bienestar, está llamado a completar sus dos periodos presidenciales con la mayor pulcritud, en marcos históricos que trasciendan los tiempos y sirva de referencia para nuestros futuros gobernantes.
Específicamente, el actual gobierno debe redoblar su vigilancia en la administración de los recursos del Estado.
¿Razones?
Hay sectores insertos en la administración pública que tratarán de conseguir allí parte o todos los recursos que necesitarán, no solo para aupar sus postulaciones, sino también para enriquecerse en lo personal. No es una práctica del actual gobierno, sino que se trata de un mal endémico que ha afectado la economía nacional durante muchos años y muchos gobiernos.
Se dice con frecuencia que este es “un país rico, pobremente administrado” (frase del expresidente Jacobo Majluta) que uno siente que, en cierto sentido, es verdad, porque con ella se retrata “la paradoja de un país con grandes recursos naturales”, pero pobre de solemnidad.
Eso se explica cuando los gobernantes, el Banco Central y los economistas han pregonado en los últimos años un crecimiento positivo de la economía, pero ocurre que esa bonanza, aunque se manifiesta en avances en infraestructura y desarrollo de sectores económicos y financieros, no se reflejan en la reducción de la pobreza.
La corrupción se lo lleva todo
La corrupción ha campeado en el país en los últimos “gobiernos democráticos” que registra la nación, desde el propio gobierno de Joaquín Balaguer, pasando por los de Jorge Blanco, Leonel Fernández, Danilo Medina, y ahora del presidente Luis Abinader. Todos han sido blanco de serias denuncias de corrupción administrativa que han encontrado eco a nivel internacional.
La organización World Compliance Association (WCA), entidad internacional “sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance” y que se define como un organismo integrado por profesionales y organizaciones interesadas en lograr avances importantes “en materia de ética y buen gobierno corporativo”, publicó en su portal una recopilación de los casos de “19 colaboradores del ex presidente de la República Dominicana Danilo Medina, y destacan entre ellos, tres ex ministros vinculados a un desfalco millonario y lavado de activos que fueron arrestados durante una “compleja operación anticorrupción”.
“Las detenciones son resultado de la llamada “Operación Calamar”, puesta en marcha “luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa”, reseña la WCA en su portal.
En tanto, el icónico matutino Listín Diario publicó recientemente, bajo la firma de la periodista Yudelka Domínguez, la noticia que destaca en su título: “Corrupción Administrativa. Nueve grandes casos de mala administración y corrupción en el gobierno de Luis Abinader”. En el subtítulo dice: “El último caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas y se trata de la administración de Santiago Hazim al frente de Senasa”.
Debemos cuidarnos
¿Qué nos revelan estas crónicas? Que el país está frente a un mal endémico, “un mal de fondo”, deplorable, que necesita de una gran voluntad política, tanto de quienes están al frente del Estado en estos momentos, como de los políticos de la oposición para hacer esfuerzos conjuntos con miras a superar esta execrable situación.
No se trata de hacer denuncias vengativas. Hay que coordinar acciones para frenar entre todos este mal que nos arruina, especialmente a los más chiquitos.
Todos están salpicados por las heces de la corrupción, algunos no se dan por aludidos, han alegado persecuciones políticas y ya comenzaron “a tirar piedras y viven en casas con techo de cristal”.
Lo cierto de todo es que estos derroteros ya tienen presencia internacional. Nos están “mirando con lupa” desde afuera y eso nos hace vulnerables y nos hará mucho daño como nación, ya que estas denuncias se prestan para sostener el control hegemónico en nuestro terruño por parte de grandes potencias.
También, se presta para el embarre de parte de nuestros alegados “amigos”, algunos de los cuales “no quisieran vernos mejor que ellos” y hacen lo que puedan para impedir nuestros ímpetus desarrollistas.
No podemos seguir “dando cancha al enemigo” encubierto o público, ni a los amigos que nos aman en exceso como para desear que no avancemos demasiado, más que ellos. En el fondo golosean nuestros inestimables recursos.
Enfrentemos a los “tragones”
Por eso es por lo que planteamos la necesidad de afrontar las maldades que causan algunos “tragones” de los partidos políticos, organizaciones industriales, empresariales y gremiales, cuyas bocas “se les hacen aguas” y golosean el “pastel del Estado” para engullir hasta el último pedazo, incluyendo las boronas del suspiro, sin importarles la situación de millones de dominicanos que viven en la indigencia.
La ciudadanía tiene que redoblar la vigilancia frente a estos sectores que empujan a la corrupción para beneficiarse.
El presidente Abinader y su organización Partido Revolucionario Moderno (PRM), sus dirigentes, todos en las nóminas del Estado, enfrentan un serio dilema, ganarse la voluntad popular con la realización de una administración transparente y digna, o hundirse en el pozo inmundo de la corrupción y el rechazo de la población.
El rol opositor
Pero también es criticable que la oposición al gobierno se limite a hacer denuncias y a propagar las ya realizadas, algunas que incluso han surgido muchas veces fruto de las grandes contradicciones que se dan entre los propios depredadores del Estado.
La oposición política debe, a nuestro juicio, no solo contribuir a prevenir los actos de corrupción, sino que, consumado y comprobado el hecho, armar con sus técnicos y expertos legales los expedientes con bases científicas, probados, para que a partir de entonces se accione en la justicia.
No es solo denunciar y ya, ármense de valor y empaqueten expedientes que permitan condenar a los corruptos. Solo así se podrá frenar el flagelo.
Igualmente, los ciudadanos deben endurecer nuestras convicciones y cuando descubramos cualquier corruptela en la administración del Estado, que sean verídicas, y procedamos a actuar en consecuencia.
*El autor es periodista.
