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Extraterritorialidad: la clave legal que permite a España investigar el caso Julio Iglesias

  • La Audiencia Nacional tiene base jurídica para investigar el caso, aun cuando los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas

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Imágenes de archivo de Julio Iglesias tomadas por un paparazi.

Madrid.– El cantante español Julio Iglesias habría presuntamente abusado de su poder para ejercer explotación laboral y violencia sexual mientras ellas trabajaban en sus propiedades en Punta Cana al este de República Dominicana y las Bahamas.

Esto de acuerdo a los testimonios de "Rebeca y Laura", nombre ficticios usados para proteger la identidad de los dos mujeres en la publicación de una investigación periodística de eldiario.es, en colaboración con Univisión Noticias.

A raíz de estas revelaciones, la organización sin fines de lucro Women’s Link Worldwide ofreció una conferencia de prensa para explicar el alcance de la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España y detallar los fundamentos legales del caso.

Según explicaron las voceras legales de la ONG, la denuncia puesta en conocimiento de la Fiscalía incluye la posible comisión de varios delitos graves, entre ellos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, acoso sexual, agresión sexual, lesiones derivadas de las agresiones sexuales y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Rueda de prensa del caso Julio Iglesias.

Lea también: Caso Julio Iglesias: Fiscalía española investiga denuncia de acoso y agresión sexual

La denuncia fue interpuesta el 5 de enero y se refiere a hechos que, según los testimonios de las denunciantes identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Una denuncia acompañada

Durante la rueda de prensa, Women’s Link explicó que decidió involucrarse en el caso por considerar que el acceso a la justicia para las denunciantes es central a su misión institucional.

La organización estuvo acompañada por representantes de Amnistía Internacional España, que expresaron su respaldo a las mujeres y subrayaron la dimensión estructural de este tipo de denuncias.

“Contribuir con el acceso a la justicia que Rebeca y Laura merecen es central a nuestra misión, que aspira a que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”, afirmó Giovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link.

La abogada Gema Fernández, directora legal para Europa de Women’s Link, explicó que los hechos denunciados describen un patrón de abuso de poder basado en la posición económica, social y mediática del artista.

Julio Iglesias
Julio Iglesias.

Vulnerabilidad y poder desigual

Las representantes legales destacaron que las mujeres se encontraban en una situación de vulnerabilidad estructural: eran trabajadoras migrantes, sin contratos formales, alojadas en las propiedades del denunciado y sometidas a jornadas laborales extensas.

“Las sobrevivientes relatan jornadas de hasta 16 horas diarias, ausencia de descansos, falta de contrato, control de sus comunicaciones, presión psicológica constante y una exposición reiterada al acoso sexual”, explicó Fernández.

Según la denuncia, el hecho de que las mujeres vivieran en las residencias habría incrementado su aislamiento y dificultado cualquier posibilidad de denuncia o resistencia.

La figura de la trata de personas

Uno de los aspectos centrales del caso es la calificación jurídica de trata de seres humanos, una figura que, según explicó Women’s Link, no se limita únicamente al tráfico de personas, sino que incluye la captación, traslado y alojamiento con fines de explotación.

“El delito de trata incluye medios como el engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad o el abuso de poder. Creemos que estos elementos pueden estar presentes en la forma en que Rebeca y Laura fueron seleccionadas y trasladadas para el trabajo”, explicó Fernández.

Women’s Link informó que, debido a la diferencia de poder entre el denunciado y las denunciantes, se solicitaron medidas de protección específicas, entre ellas:

  • Evitar cualquier contacto directo entre las denunciantes y el denunciado
  • Proteger la identidad e intimidad de las mujeres y de sus familiares
  • Garantizar que cualquier declaración se realice en condiciones que eviten la revictimización
  • Proteger a otras trabajadoras que aún estarían empleadas por el denunciado

Avances en la investigación

Aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional aún no ha determinado formalmente su competencia, Women’s Link confirmó que dos medidas clave ya están en curso:

  1. La Fiscalía tomará declaración a las denunciantes
  2. Rebeca y Laura han sido reconocidas como testigos protegidas

“Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso fundamental en la búsqueda de justicia”, subrayó Ríos Cisnero.

Justicia más allá de las fronteras

Uno de los puntos abordados durante la conferencia fue la competencia de la justicia española para investigar hechos ocurridos fuera de su territorio.

Women’s Link explicó que esto es posible gracias al principio de extraterritorialidad, previsto en tratados internacionales ratificados por España.

“El Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul obligan a los Estados a investigar estos delitos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio”, explicó Fernández.

El objetivo, señalaron, es evitar la impunidad cuando los sistemas nacionales no ofrecen una respuesta efectiva.

“No buscamos únicamente castigo. Buscamos reparaciones, garantías de no repetición y el reconocimiento del daño estructural causado por el machismo, el racismo y el colonialismo”, afirmó.

Alcalá insistió en que las fronteras no pueden convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.

Desde Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, responsable de investigación, expresó su apoyo a las denunciantes y destacó que los hechos descritos no son casos aislados.

“Lo que les ocurrió a Rebeca y Laura forma parte de un patrón global que afecta especialmente a mujeres migrantes, racializadas y provenientes de contextos de pobreza”, afirmó.

Álvarez señaló que la precariedad laboral y las políticas migratorias restrictivas incrementan el riesgo de explotación y silenciamiento.

El papel del periodismo

Women’s Link confirmó que el primer contacto de las denunciantes con apoyo legal se produjo tras la investigación periodística de eldiario.es.

“Las periodistas recomendaron a las sobrevivientes buscar asesoría legal, y así fue como llegaron a Women’s Link”, explicó Ríos Cisnero.

Presunción de inocencia

Las voceras enfatizaron que el caso se encuentra en una fase preprocesal, y que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal.

“La denuncia la presentan Rebeca y Laura. Nosotras las acompañamos legalmente, pero la decisión de hablar y buscar justicia es de ellas”, aclaró Fernández.

Women’s Link concluyó señalando que este proceso no busca solo justicia individual, sino sentar precedentes para la protección de trabajadoras del hogar y mujeres en contextos de vulnerabilidad.

“Esto no es solo por nosotras”, citó la organización en palabras de Rebeca. “Es por las mujeres que siguen trabajando en condiciones similares y por las que vendrán”.

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Periodista egresada de la Universidad O&M, apasionada por escribir sobre niñez, salud e historias humanas. Combina su amor por el periodismo con su afición por los deportes. Madre de dos niños, lo que le aporta una perspectiva cercana y sensible en sus reportajes.

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