Bajo el régimen de la Sharia, que constituye el cuerpo del Derecho Islámico, la utilización indebida de lo ajeno es un hecho grave que conlleva fuertes sanciones para el responsable; siendo el mandato del Corán aun más drástico porque establece el corte de las manos.
En República Dominicana existe, en cambio, un régimen de sanciones más benévolo, y hasta permisivo, cuando se producen determinadas situaciones del uso indebido de pertenencias individuales o colectivas.
Dos hechos se han conocido en las últimas semanas en el país, los cuales producirían un escándalo en una sociedad verdaderamente institucionalizada, pero que aquí han pasado sin consecuencias.
En primer lugar, me refiero a la deuda que tiene la mayoría de los cabildos con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), que de acuerdo a esa institución alcanza los RD$18 mil millones; y en segundo, el uso en la Cámara de Diputados de alrededor del RD$200 millones correspondiente al Instituto de Previsión del Congresista Dominicano (Inprescondo).
No se trata de informaciones supuestas, sino confirmadas. El propio secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, admitió la existencia de la deuda de los ayuntamientos, pero señalado que el monto es de RD$6 mil millones, y propuso renegociar la misma bajo el alegado de que esas corporaciones carecen de los recursos económicos para el pago del monto adeudado.
Mientras que el pasado presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, alegó que los recursos del Inprescondo tuvo que destinarlos a la terminación de obras en la parte del Palacio del Congreso Nacional que aloja ese cuerpo legislativo.
Cada mes se les descuentan a los servidores de los cabildos y a los diputados, de sus respectivos sueldos, las partidas de la Seguridad Social, a fin de financiarles la protección contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad y riesgos laborales.
El Sistema Dominicano de Seguridad Social comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias a los recursos físicos y humanos, así como las normas que lo rigen.
Resulta vergonzoso que con esas acciones, generadas desde el ámbito político, se desconozca el alcance de una Seguridad Social que procura proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica; la afiliación, cotización y participación tienen un carácter obligatorio para todos los ciudadanos e instituciones, en las condiciones y normas que establece la presente ley; y que todas las personas, sin distinción, tendrán derecho suficiente que les garantice el disfrute de la vida y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad productiva.
Ese planteamiento de la Liga Municipal Dominicana de renegociación entre la municipalidad y la TSS, que implique la eliminación de las moras y un período de gracias a los fines de que cada Ayuntamiento pueda comenzar a pagar, de ser aceptado, conllevaría justificar una mala práctica que fomentaría esas extrañas “licencias” para disponer de lo ajeno.
La debilidad institucional y falta de sanciones adecuadas ante hechos punibles constituyen desafíos importantes de la democracia dominicana que requieren ser afrontados con urgencia, porque, de lo contrario, el caos será la carta de presentación del país, líder en inversión extranjera y de visitas de turistas en el Caribe.
