Carlos Salcedo
En medicina baipás es la intervención quirúrgica que crea un canal en el organismo para ayudar a la circulación.
El de extinción de dominio es un procedimiento que se crearía con el proyecto de ley que cursa en el congreso, que persigue la privación del derecho de propiedad a favor del Estado, sin una sentencia penal declaratoria de responsabilidad penal y que ordene el decomiso de los bienes del acusado.
No se trata de una cirugía para crear un nuevo camino para que la sangre llegue al corazón, es un by-pass congresual, con un mal de origen. Sus promotores pretenden que los legisladores declaren -implícitamente- la incompetencia del Ministerio Público (MP) para investigar, incautar y acusar a quienes tengan bienes producto de delitos graves.
Con dicho procedimiento los legisladores pondrían en las manos del mismo MP, que indirectamente denostan, una nueva herramienta con serios vicios de inconstitucionalidad adornados de lucha contra la expoliación de fondos públicos. Sencillamente, el propio MP sería el responsable de “quitarle lo robado” a los corruptos.
Más aun, sin demostrar que con las herramientas actuales el sistema judicial es ineficaz, le pretenden quitar el vigente instrumento penal para el mismo fin perseguido con el Código Penal y leyes complementarias para la persecución de hechos de gran lesividad social.
Con la Ley de Extinción de Dominio (LED) moriría el sistema penal como último instrumento al que recurre la sociedad para proteger determinados bienes jurídicos y perseguir responsables de hechos que afectan severamente los bienes protegidos, con la consecuente búsqueda de condena y, precisamente, la orden de decomiso -extinción de dominio- de sus bienes.
Recurrir al sistema penal vigente implica que están dados los supuestos de actuación del Ministerio Público: probabilidad de responsabilidad penal y bienes ilícitos obtenidos por los sujetos acusados.
Aprobar la LED como fue enviada por el Senado a la Cámara de Diputados entrañaría el velatorio del Código Penal y leyes complementarias como el nacimiento – in vitro – de dicha LED, con la ilusión de que, baipaseando las leyes penales, solucionaremos los problemas del flujo penal y patrimonial.
Listar los supuestos que quedan fuera del alcance penal actualmente e incluir en leyes existentes o en la nueva ley, para extender el brazo a bienes de fallecidos, rebeldes o de quienes detenten bienes de otros comprometidos penalmente, puede ser un camino correcto y menos pedregoso.
