SANTO DOMINGO.-Los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocen un recurso de apelación interpuesto por exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de encabezar el entramado de corrupción denominado caso Medusa para estafar al Estado con más de RD$6 mil millones a través de la Procuraduría.

El exfuncionario busca que se le revoque la prisión preventiva por libertad, al igual que Javier Alejandro Forteza Ibarra, implicado en el caso.

El Ministerio Público está representado por el titular de la Pepca, Wilson Camacho y la directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, en el conocimiento de los recursos presentados por los implicados en caso Medusa.

Uno de los abogados de exprocurador, Carlos Balcácer informó que solicitaron a los jueces que permitan la entrada al tribunal a los periodistas que cubren la fuente de justicia.

Petición a la que los representantes del Ministerio Público se opusieron. Los magistrados del tribunal se fueron a deliberar el pedimento de la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, junto a otros implicados por el Ministerio Público en Operación Medusa, cumplen 18 meses de prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo-Hombres.

Los otros acusados enviados a prisión son Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; y Javier Alejandro Forteza Ibarra.

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La magistrada ordenó que los acusados cumplan la prisión en la cárcel de Najayo.

A Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera de la Procuraduría, Rafael Mercedes Marte, encargado de contabilidad y a Jenny Marte, exencargada de proyectos, la jueza le dictó arresto domiciliario.

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En tanto que a Miguel José Moya se le dictó libertad bajo fianza.

Magistrada Kenya Romero motiva decisión de coerción a exprocurador y demás imputados

Las motivaciones de forma oral que tuvo la jueza para dictar la medida preventiva a Jean Alain Rodríguez se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como funcionario público.

Según la magistrada Romero, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar en estado de latencia las facilidades para sustraerse del proceso de cara al contexto planteado.

En el caso de Javier Alejandro Forteza Ibarra, “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de técnico en el área de tecnologías de la información”.

Respecto a los demás privados de libertad en la medida de coerción, la jueza motiva que estos poseen las facilidades de sustraerse del proceso, situación que pondría en riesgo los medios de pruebas durante el desarrollo del mismo.

La magistrada Romero dictó prisión domiciliaria de manera preventiva al señor Rafael Antonio Mercedes Marte, así como a las señoras Altagracia Guillen Calzado y Jenny Marte, tomando en cuenta que no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible se puedan presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada.

En cuanto al señor Miguel José Moya, la jueza dictó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica por este ser una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.