Alexis Rafael Peña.
Los magistrados Jorge Subero Isa, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desde 1997 hasta 2011, y el doctor Mariano Germán Mejía en el 2011 hasta el 2019, se dirigieron por el primero por 14 y el segundo por 7 años a los entonces presidentes de la República, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, donde por 21 años abogaron por un aumento presupuestario a ese poder del Estado.
Pretendo en esta entrega de «Conflictos y Mediaciones», que el presidente Luis Abinader, el hombre del cambio, “haga lo que nunca se ha hecho”, cumplir con las solicitudes que han realizado estos expresidentes de uno de los poderes del Estado.
Recopile estas exhortaciones de estos magistrados en el periódico El Día, medio en el cual expresaban estos líderes judiciales, las necesidades de aumento presupuestario para ofrecer a la ciudadanía mejores servicios y un eficaz acceso a justicia vía los Centros de Mediación Judicial en los sus 11 departamentos en las 32 provincias de la República Dominicana.
El doctor Jorge Subero Isa quien a la vez fungía como director del mensuario El Judicial, órgano de comunicación de la justicia dominicana, en el 2007-enero 2008, explicó con detalles que la “Reducción presupuestaria atenta contra el desarrollo del Poder Judicial”.
Indicó que “al hacer un análisis de las asignaciones presupuestarias recibidas, fundamentalmente en estas últimas tres, se registran disminución y violación constantes a la Ley núm. 194-97.
En los últimos tres años las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial han sido inferiores al 2.66% que establece la Ley núm. 194-04. Para el 2008, el recorte del presupuesto supera los RO$1, 500 millones”.
Jorge Subero Isa dijo que “La cobertura del servicio del acceso a la justicia no ha sido más amplia debido a que las asignaciones presupuestarias recibidas por el Poder Judicial en el período comprendido entre 2003 y 2007 han sido insuficientes, con el agravante del incumplimiento a la Ley núm. 194-04 del 12 de agosto del 2004 que establece una asignación porcentual mínima para cubrir las necesidades y desarrollar todos los planes y proyectos de este importante poder del Estado».
Recordó que “La Ley 46-97, del 18 de febrero de 1997, consagró la autonomía administrativa del Poder Judicial, y el 12 de agosto de 2004 se promulgó la Ley núm. 194-04 que dispone su autonomía presupuestaria y administrativa, así como una asignación de un 2.66% del Presupuesto General de la Nación para sus necesidades, planes y programas de desarrollo, pero al hacer un análisis de las asignaciones presupuestarias recibida en los últimos años, fundamentalmente en los últimos tres, se registra disminución en violación constantes a la citada legislación”.
Realizando un poco de historia sobre la situación económica del Poder Judicial subrayó que “Como muestra de esta situación, en el 2003 el Poder Judicial recibió una asignación de RDS 1 ,020,000,000.00 y en el 2004 RDS 1, 149, 120,000.00; mientras que a partir de 2005, pese a la aprobación de la ley núm. 194-04 que establece un porcentaje mínimo para el presupuesto que debe asignarse a la justicia, fue de ROS 1,987,438,639.00, muy por debajo del 2.66% del Presupuesto Nacional que establece la ley”.
Agregó “La participación del presupuesto del Poder Judicial con respecto al Presupuesto General de la Nación bajó de 2.04% en el 2006 a 1.73% en el 2007, como se observa en el cuadro anterior, para una diferencia de 0.31 %”.
Mientras que “En el 2006 el Poder Judicial recibió un presupuesto de RD$3,162,615,367.00, cifra Inferior a lo que le hubiese correspondido de acuerdo a la Ley núm. 194-04, y en el año 2007 fue aún menor al anterior, al recibir una asignación de RO$3,162,615,568, unos RD$2.8 millones menos”.
Sentenció que “Esta cifra no refleja ni siquiera el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIS) y la inflación correspondiente a ese mismo año, que fue superior al 7%. «Si lo relacionamos con el Presupuesto General de la Nación, vemos que representa menos de un 2% de éste y si consideramos que a partir de 2005, año de entrada en vigencia de la ley, se concluye que el presupuesto ha sido un 23% y un 35% menos en los años 2006 y 2007, respectivamente, de lo que le correspondería de acuerdo a la referida ley, es decir, RD$ 1 ,694.69 millones menos en este último año (de 2.04% a 1.73%)’; indica un informe comparativo elaborado por la Dirección de Planificación y Proyectos de la Suprema Corte de Justicia”.
Más adelante reclamo que “Sin embargo, a pesar de que el presupuesto solicitado para el año 2008 ascendía a RDS5, 66S.0 millones, recursos que permitirían enfrentar las necesidades y desarrollar los planes y proyectos programados, en el proyecto general de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, se le consignó un presupuesto de RD$3, S 46, 363,317 millones, es decir más de 2,000 millones menos que lo solicitado por el Poder Judicial”.
Fue categórico al decir “En comparación con 18 países de América Latina, en el 2005, la República Dominicana ocupó el lugar número 12, en lo que se refiere a asignación presupuestaria recibida con respecto al PIB”.
De igual forma, al observar seis naciones del área con valor del PIB similar al de República Dominicana, liderados por Costa Rica, que asigna al Poder Judicial cerca del 1 % de su PIB, «nuestro país ocupa el penúltimo lugar con un 0.34%. En el 2007 este porcentaje es aún menor, apenas un 0.30%.
Indicaba que el jefe del Estado debería reflexionar cuando recordó “En los últimos diez años, el Poder Judicial ha impulsado la reforma y modernización de la gestión administrativa y su institucionalización, la creación y consolidación de la Escuela Nacional de la Judicatura y la Oficina Nacional de la Defensa Pública…” leer más detalles en:
