BUENOS AIRES, Argentina. – El expresidente argentino y senador Carlos Menem (1989-1999) comenzó a ser juzgado este miércoles por la venta irregular de un predio de ferias de la Sociedad Rural en Buenos Aires a un precio muy inferior a su valor, el quinto juicio que enfrenta.

Además de Menem, de 87 años, están en el banquillo el exministro de Economía Domingo Cavallo, otra decena de exfuncionarios y dos extitulares de la Sociedad Rural, que representa a grandes terratenientes y productores agrícolas, informó el Centro de Información Judicial.

La venta del predio a la Sociedad Rural, que lo administraba desde 1876 fue autorizada el 20 de diciembre de 1991 por un decreto firmado por Menem y Cavallo por un monto de 30 millones de pesos (entonces misma cifra en dólares) cuando los tasadores oficiales lo valuaron en más de 131,8 millones de dólares.

Según la fiscalía, se trató además de una venta de un bien de dominio público que debería haberse hecho mediante una ley del Congreso. A fines de 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) firmó un decreto para anular la venta, y pidió su confiscación que le fue denegada por la justicia.

El predio mide 114.620 m2, está ubicado en pleno barrio residencial de Palermo y se ha transformado en uno de los centros de exposiciones más importante del país, con 45.000 m2 cubiertos, donde se realiza la Feria Internacional de Libro, a la que asiste cada año un millón de visitantes.

Símbolo de los grandes propietarios de tierras de uno de los mayores proveedores de alimentos del mundo, el inmueble es conocido popularmente como «La Rural», por la feria agrícola-ganadera que alberga todos los años.

Por ser senador Menem goza de fueros parlamentarios por lo que no puede ser detenido, aunque sí sometido a juicio y condenado.

Actualmente está siendo juzgado por presunto encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la central judía AMIA que causó 85 muertos y 300 heridos en 1994 en Buenos Aires. Sobre el expresidente pesan además dos condenas, que aún no están firmes, mientras que fue absuelto por prescripción del delito por omisión maliciosa de unos 600.000 dólares en su declaración jurada de bienes.

Las condenas fueron a siete años de prisión por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995, y a cuatro años y medio de cárcel por ‘sobresueldos’ (sumas pagadas sin declarar) a los funcionarios de su gobierno.