SANTO DOMINGO.– La República Dominicana como las naciones de América Latina, debe prestar atención a la evolución del consenso de 140 países para establecer una nueva fiscalidad internacional que traerá consigo grandes complejidades, obligará a diseñar nuevos marcos regulatorios y acarreará nuevos costos de cumplimiento.
El planteamiento fue hecho por el asesor fiscal internacional Alberto Barreix -especialista que ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- durante una conferencia magistral auspiciada por Macro Ideas, iniciativa de la firma consultora Ecomod, liderada por el economista Magín Díaz, con el apoyo de Mediáticos, consultora en comunicación que dirige el periodista Víctor Bautista.
Barreix advirtió que ante la opción de los países de continuar con una política tributaria autónoma -obviando el consenso que se produjo en el cuarto trimestre de 2021- se asume el riesgo de menoscabar su integración comercial y financiera internacional.
El experto se refirió a dos pilares que, a partir de 2024, se podrían convertir en convenios internacionales de adhesión voluntaria: se trata en primer lugar de introducir un mecanismo de reparto de las utilidades “extraordinarias” generadas por las aproximadamente 120 «mega” multinacionales más grandes y, como segundo enfoque, implementar un impuesto mínimo a la renta empresarial a los grupos multinacionales.
La primera opción abarca a las grandes empresas de al menos US$120 mil millones de ingresos, que contribuirían al fisco de los países donde poseen una cuota de mercado, incluso aunque no tengan presencia física.
“Este llamado pilar número 1 se aplica básicamente a las megaempresas digitales y consiste en determinar su balance consolidado mundial y que se reparta la base imponible según el porcentaje de las ventas en cada país sobre las ventas globales del grupo”, destacó Barreix.
