Daris Javier Cuevas.
En virtud de que la sociedad moderna gira bajo un esquema del estado de derecho y con reglas claras, aprobadas para todos, y que todos han de respetar, nadie debe considerase por encima de los textos legales y constitucional. El respeto a las normas que rigen una sociedad comienza por los gobernantes, quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas, divulgar sus acciones y responder a las preocupaciones de los ciudadanos, aunque en múltiples ocasiones resultan difíciles de cumplir.
Una buena rendición de cuentas lograría una mejor satisfacción a la población si esta se hiciera acompañar de un informe sobre el estado de derecho para consolidar la democracia. Obviamente, esto sugiere rendir cuentas acerca del crecimiento y desarrollo económico sobre la base de la construcción de un marco legal para la actividad económica privada que establece límites legales, pero también rendir cuentas de los abusos del en materia de derechos humanos.
Y ha de ser así ya que en una democracia que rinde cuentas esta encarna, más que elecciones, la protección de los derechos fundamentales e individuales y la corrección de los errores del pasado. En adición, un Estado democrático debe operar de manera abierta y transparente y ejercer su criterio dentro de un marco de reglas que parezca justo y razonable a la ciudadanía, máxime en medio de una crisis sanitaria de una magnitud compleja y en desarrollo.
Bajo el enfoque planteado, la constitución de la República Dominicana en el espíritu de su artículo 114 establece la rendición de cuentas del presidente de la República y le asigna la responsabilidad de “rendir cuentas anualmente, ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal f) de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso”.
Como se puede observar en el texto Constitucional, el establecimiento de un gobierno que rinda cuentas es un delicado acto de equilibrio, responsabilidad y criterios para plantearse el presente y futuro de la nación con una visión de transparencia, desarrollo y equidad. Se trata de que las instituciones públicas deben ser sensibles a las preocupaciones de los ciudadanos y no apelar a las alteraciones de las cifras del desempeño de la economía y los resultados de las políticas públicas que trastornan la realidad, tal como se observa en la rendición de cuentas del 2020 en materia de salud y educación, desnudados luego por la crisis sanitaria.
Al presente gobierno le corresponde cumplir con el mandato del mencionado articulo 114 del texto Constitucional dominicano, el cual se produce en medio de la peor crisis económica y sanitaria de los últimos cincuenta años reflejado en los resultados desastrosos del 2020. Todos los indicadores económicos y sociales son devastadores, la economía tuvo una caída por el orden de 6,5%, las tasas de contagios y letalidad por la pandemia han sido incontrolables, la deuda publica crece, el desempleo y los niveles de pobreza crecen a la misma velocidad, las pequeñas y medianas empresas literalmente desaparecen y la incertidumbre es deprimente.
El panorama económico y sanitario es muy angustioso, escandaloso, incierto y desesperanzador, situación que se apodera del animo de los ciudadanos hasta el punto de no poder ver una Luz en el desierto. Corresponde al presidente de la República enviar un mensaje de aliento mediante propuestas concretas de acciones alcanzables en el corto y mediano plazo que puedan convencer a la población de la seriedad de lo que se está presentando pasando de las promesas a los hechos.
La mejor rendición de cuentas que el presidente de la República, Luis Abinader, puede hacerle a la nación dominicana para cumplir con el mandato constitucional es poner sobre la mesa la realidad de los hechos, que la economía y la salud en el 2020 fueron devastadas por la pandemia de una manera inesperada. Tales evidencias deben acompañarse de un paquete de políticas y acciones orientadas a enfrentar el malestar monstruoso de la pandemia, admitiendo la magnitud de la misma y los esfuerzos que desde el gobierno se han puesto en marcha, sin exagerar nada, que no hay una barita mágica de solución y no poner plazo para que la credibilidad no se profundice ya que no existen resultados favorables que se puedan ponderar.
