Exigibilidad de los derechos sociales

Culturalmente y en materia de servicios públicos, la República Dominicana mantiene un estado de involución frente a las garantías de los derechos sociales; independientemente la constitución dominicana reconoce, garantiza y tutela estos derechos, lamentablemente su divulgación y promoción por parte del Estado son mínimas.

Como muestra de ejemplo y que resulta para algunas personas sorprendente, es que estos derechos son exigibles, como es el caso del agua potable, acceso y uso, independientemente la jurisprudencia constitucional dominicana ha establecido de manera clara que dicho servicio representa un derecho fundamental tutelado y protegido, existen otros derechos que, penosamente no son tutelados, como son el derecho a una vivienda digna, salud, medio ambiente, acceso a la justicia, entre otros.

A pesar de que estos derechos forman parte de la segunda generación de los derechos constitucionales protegidos, en nuestro país se han quedado estancados y simplemente hay que solicitar dicho servicio frente a una institución del Estado, para sentir y apreciar que no se trata de un derecho, sino que por el contrario el servidor público lo asimila como si se tratara de un favor.

Esto ocurre naturalmente, por razones bastante claras, la falta de educación y promoción de los derechos sociales que están consagrados en nuestra constitución y que por falta de información muchas personas no exigen dichos derechos; si analizamos el contenido publicitario del Estado es mínimo, podemos ver que el Estado solamente promociona aquellas realizaciones que surten efectos políticos, totalmente ajenos a la protección y divulgación de derechos y deberes fundamentales, sin embargo, en nuestro país se promociona que vivimos en un estado de derecho, algo totalmente incierto y que falta mucho para alcanzar este estatus; si analizamos el título II de la constitución dominicana, desde el articulo 37 al 75 podemos verificar que una gran cantidad de estos derechos están ausentes en la promoción y divulgación publicitaria del gobierno.

Como bien señala la jurista Leticia Morales en su libro Derechos Sociales, Constitucionales y Democracia, una de las razones que han permeado la protección de los derechos sociales es los recortes de los gastos públicos en materia de sanidad, educación y vivienda; que a pesar de que en nuestro país se promociona un estado de derecho, algunas de nuestras instituciones públicas carecen del presupuesto correcto para la protección de esos derechos y otras lamentablemente dirigen los fondos del Estado en obras que no surten efectos sobre la protección y garantías de derechos fundamentales que mínimamente deben ser protegidos.

De igual manera, los autores Víctor Abramovich y Christian Courtis señalan en su libro Los Derechos Sociales como Derechos Exigibles, que el Estado tiene el derecho de garantizar y promocionar no solamente el servicio a la salud y acceso al servicio público, el Estado está comprometido a garantizar mínimamente a la sociedad, la protección a la seguridad pública, a una vivienda digna, al acceso alimentos y otras garantías que no permitan que el pueblo dominicano como es el caso de las personas envejecientes y los niños parezcan de hambre; todos estos derechos son exigibles y garantizados de manera legal, tanto de manera individual como colectiva frente al Estado, el cual tiene el compromiso de proteger y garantizar estos derechos.

A su vez, Gustavo Zagrebelsky señala en su libro El Derecho Dúctil, ‘‘que el Estado debe ser gobernado según la voluntad general de razón y orientado a la consecución del mayor bien general’’ este gran jurista italiano, al momento en que plantea sobre el bien general, manifiesta que el Estado debe de propiciar el mínimo vital, para todos los ciudadanos, y mas aquellos que, por razones de vulnerabilidad, niños y ancianos, no tienen la capacidad física o mental de exigir o de acceder a ellos; todos reconocemos que la República Dominicana en los últimos años vive en un Estado de estrés y una apatía colectiva por la falta de políticas públicas dirigidas a la protección y seguridad de los dominicanos en sentido general.