SANTO DOMINGO.-Mientras el exdirector de la desaparecida Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, afirmó que desconocía que la venta de los terrenos de Los Tres Brazos tenía que contar con la aprobación del Congreso, el exconsultor jurídico de la empresa, Irving Cruz, le advirtió sobre la irregularidad del contrato.

Así lo manifestó Cruz durante la audiencia de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los acusados Leoncio Almánzar, Carlos Aris GómezWilliams, Julio César Gómez Williams, Juana Ynés Gomez Williams, José Enrique de Pool Dominici y los agrimensores Ana Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

En el expediente sometido ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se acusa a esos imputados de asociación de malhechores, falsedad de documentos, desfalco en perjuicio del Estado, prevaricación, colusión de funcionarios y otros delitos.

En la solicitud de coerción se establece que el 6 de abril de 2010 la Consultoría Jurídica de Corde había objetado esa operación, ya que no se cumplía con la formulación de la operación materializada el 25 de febrero de ese año.
Habla Almánzar

El exdirector de Corde, Leoncio Almánzar Objío, dijo desconocer que para la venta de los terrenos del sector de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, se necesitaba la aprobación por parte del Congreso Nacional.

El exfuncionario respondió así a una pregunta del juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien conocía anoche la solicitud de prisión preventiva de un año contra 11 acusados.

Manifestó que en una ocasión el Congreso Nacional le había enviado un comunicado informándole que solamente se debía aprobar si Corde traspasaba los terrenos a otra institución del Estado.

Refutó la acusación formulada por el Ministerio Público de que se había confabulado con los demás acusados para beneficiarse con la venta de esos terrenos en el municipio Santo Domingo Este.

Aclaró que nunca hizo reuniones con la registradora de Títulos, Rosabel Castillo, para asociarse en “esas fechorías” que le atribuye el Ministerio Público.

“Cuando oigo que hablan de esa declaración de utilidad pública de la que ellos hablan… yo me enteré de ese decreto, desconocido totalmente, y si ustedes van a la página del Poder Ejecutivo no lo van a encontrar.

Me enteré porque Gedeón Santos, el abogado del Estado, me lo entregó en una citación que me hicieron a mediados del año pasado, ahí es que me entero de la existencia de ese decreto”, expresó.

Durante la audiencia, Almánzar leyó una certificación expedida por el Senado de la República en la que se especifica que nunca le había reclamado que Corde emitiera actos de venta a particulares.

Reto de Registradora

De su lado, la registradora de Títulos, Rosabel Castillo, reclamó al Ministerio Público y a los residentes del sector de Los Tres Brazos probarle que ella recibió dinero para otorgar los títulos en ese barrio.

Al hablar ante el magistrado Vargas, la funcionaria calificó de atropellante su sometimiento ante la Justicia, en virtud de que en el caso hay un gran aparataje.

Entiende que fue incluida en el expediente de manera “bochornosa” para perjudicar su honorabilidad y su nombre.

En la audiencia, los demás implicados en el caso declararon su inocencia y pidieron que el magistrado no declare el caso de complejo, como ha pedido el Ministerio Público en la medida de coerción.

En el expediente se presentaron al menos 359 pruebas para sustentar la acusación contra Leoncio Almánzar y otros diez que participaron en la venta de Los Tres Brazos por debajo de su precio. Este escándalo fue desvelado en diciembre de 2016.

Proceso

—1— Investigación
Tras una denuncia en 2016 se inician pesquisas de la venta irregular de Los Tres Brazos.
—2— Orden
Juez emite órdenes de arresto y allanamiento contra once personas.

—3— Arresto
El pasado 26, ejecutaron los apresamiento.

Residentes de barriada piden justicia

Reclamo. Previo a la audiencia, decenas de residentes de Los Tres Brazos protestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva exigiendo justicia, porque pagaron más de RD$90 millones.

También, pidieron al presidente Danilo Medina incluirlos en el programa de titulación, ya que tienen la incertidumbre de no tenerlo. Con pancartas en manos y vociferando consignas afectados del referido sector exigen que se les devuelva el dinero que les cobraban, los montos van desde RD$1,000 a RD$600 mil.

Entre las consignas está “no los dejen salir, que salgan presos de aquí”. Mientras que las pancartas decían: “A la cárcel Leoncio Almanzar”, “Los Tres Brazos Unidos jamás serán vencidos”, “Defenderemos nuestra casa” y “Los Tres Brazos no se venden”.