Pedro Vicioso, Idaici Dévora y Elizabeth Berigüete.
Santo Domingo.- Un grupo de oferentes o participantes excluidos como suplidores del almuerzo escolar a través de la licitación 0009 del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, piden una indemnización extra judicial por los daños causados con la legitimación del acta de adjudicación y los contratos “amañados” sin el sustento de la Ley 340-06.
Los excluidos, suplidores tradicionales y emprendedores calificados y/o habilitados sin adjudicación dicen ser perjudicados por el Inabie, alegando que tampoco se tomó en cuenta el reglamento de aplicación 543-12 a la hora de valorar sus propuestas para servir comida.
Adelantaron que están dispuestos a acudir ante el Tribunal Superior Administrativo a buscar una solución.
Afirmaron que por violaciones administrativas de esa entidad y la burocracia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, iniciaron el proceso de desmantelamiento de sus cocinas industriales, situación que los está llevando a la quiebra.
Descalificados
Elizabeth Berigüete, vocera y veedora de los procesos de compras de las Mipymes, dijo que oferentes que no calificaban al 31 de mayo del 2021 fueron habilitados y adjudicados, están supliendo, facturando y cobrando, al ser favorecidos con contratos amañados en la pasada gestión del Inabie y validados por los nuevos funcionarios. Puntualizó que el Inabie violó los plazos y el Reglamento 543-12 en su artículo 68.
Idaici Dévora, abogada de los oferentes afectados junto a Pedro Vicioso, manifestó que por los malos procedimientos, han acudido a la ley y manuales de procedimientos para la impugnación de los procesos de compras.
“Depositamos centenares de recursos cautelares y de impugnación ante las instituciones, sin tener una respuesta favorable para estos oferentes que hasta el momento no tienen esperanza de apoyo”, dijo.
