Carlos Salcedo
Los esfuerzos nacionales e internacionales, la existencia de un ministerio, acciones y sanciones, legislación, reglamentos y resoluciones en materia medioambiental, son una realidad.
Completa este catálogo nuestra constitución medioambiental, que pone a cargo del Estado la protección del medio ambiente y recursos naturales y la disminución de su vulnerabilidad.
Dicha constitución está formalmente establecida en el artículo 67, que ordena al Estado la protección del medio ambiente e indica el deber del Estado de prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones.
Integra el inventario de protecciones debidas por el Estado que el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias importantes sobre el derecho a un medioambiente sano y la necesidad de protección de los derechos colectivos y difusos como en los casos de loma Miranda, Palmarejo y cayo Levantado.
La estructura institucional y normativa está, las competencias están definidas, los principios del derecho medioambiental igualmente, pues el Estado debe prevenir, proteger y mantener el medio ambiente y los recursos naturales en provecho de las presentes y futuras generaciones e imponer sanciones a quien les cause daño, ya que en materia ambiental “quien contamina paga”.
Pero, entre otras debilidades, es necesario que el Estado intervenga pronto, sistemática y universalmente en la educación medioambiental y en recursos naturales de los estudiantes de todos los niveles, primaria, secundaria, técnico, universitario y de cursos superiores, como de la ciudadanía y población en general.
Son necesarias, primero, materias, programas, actividades, pasantías, prácticas y experiencias educativas. Es establecer una política pública educativa, para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente debería trabajar con el de Educación y Educación Superior, para ofrecer, a los estudiantes del sistema completo, la formación y la educación teórica y práctica suficientes.
También se precisa el conocimiento ciudadano de la realidad ecológica, medioambiental y de nuestros recursos naturales. Para ello el Estado debe fortalecer el cumplimiento de la legislación, apostar los recursos suficientes, realizar una gestión eficiente, sancionar y promover y difundir el diagnóstico del medioambiente y recursos naturales.
Ello debe conducir a la sensibilización, conciencia y compromiso ciudadanos para enfrentar al enemigo real de nuestro deseado y permanente crecimiento económico que lo es el colapso ecológico (Harari).
Donde un gobierno demuestra su compromiso con una política pública de calidad, integral y ciudadana es en el presupuesto y con los mejores funcionarios. Falta mucho presidente Abinader y está por venir. ¿Cierto?
