Periodista Luis García
El Movimiento por las Pensiones para los Servidores Públicos ha retomado sus exigencias en procura de que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) aceleren los procesos relacionados con el cumplimiento de sus derechos.
La entidad considera que las autoridades son ágiles y efectivas cuando se trata de atender los intereses de los negocios financieros involucrados en la Seguridad Social, pero muestran lentitud y desinterés al cumplir con los derechos de los afiliados.
Además, ve la necesidad urgente de una gestión más eficiente y transparente, que priorice los derechos de los trabajadores y jubilados sobre los beneficios económicos de las entidades financieras.
En lo particular he criticado la demora en los trámites y la falta de respuesta oportuna que afecta a los afiliados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), quienes dependen de estos servicios para asegurar su bienestar y el de sus familias.
Los responsables deben tomar medidas inmediatas para resolver los problemas y garantizar una administración justa y equitativa del sistema de pensiones.
La función esencial del Estado consiste en la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
Tengo el convencimiento de que si no se materializa un nuevo modelo, que sea más justo y equitativo, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) está condenado a colapsar en un futuro cercano.
El actual desnuda la caricatura de Estado social y democrático de derecho que se enarbola, porque se aleja de la dignidad humana.
Quiero, sin embargo, enmendar el error en mis críticas en el sentido de atribuir a la DIDA más de la responsabilidad de la cuenta; cuando el pobre desempeño hay que buscarlo en el propio CNSS y en la Superintendencia de Seguridad Social (SIPEN).
Mantengo la posición de que resulta inaceptable que el CNSS y la gerencia general de dicho organismo, luego de aprobar una determinada resolución, no se ocupen de dar el seguimiento continuo y pertinente para garantizar su adecuado cumplimento.
Un ejemplo fehaciente de ello está en el lento proceso de aplicación de la Resolución 572-07, norma que sirve de base al derecho de que miles de servidores públicos logren que se materialice el traspaso de sus fondos al Ministerio de Hacienda para acceder a las pensiones por los años de servicio al Estado.
La SIPEN, a través de su contratada Empresa Procesadora de la Base de Datos (Unipago), es la responsable de dar salida de los casos evaluados y aprobados por la Comisión Interinstitucional Evaluadora con la finalidad de viabilizar los traspasos desde CCI al Sistema de Reparto.
En estos días había escrito que en la actual coyuntura en que el presidente Luis Abinader está emitiendo tuits y decretos, sugerí como regalo a los afiliados un cambio general de las autoridades estatales de la Seguridad Social, incluyendo a Carolina Serrata Méndez, directora de la DIDA; así como a las también funcionarias de esa institución Marlen Berroa y Virginia de León. Admito mi equivocación; no investigué lo suficiente para emitir esa afirmación tan categórica.
La realidad es que, en esa entidad responsable de defender los intereses y derechos de los afiliados, no estará la responsabilidad del colapso del eventual Sistema de Seguridad Social.
Lo relevante es que aún hay tiempo para encauzar el camino.
