David Alvarez
Desde hace una decena de años se insiste en el debatir político dominicano sobre la cuestión de la corrupción. Se pretende, desde una visión “ética”, censurar a los gobiernos de turno por las prácticas corruptas que son descubiertas en el quehacer de algunos funcionarios.
La crítica se centra en la corrupción pública y de soslayo su vinculación con prácticas corruptas del sector privado.
Hechos muy debatidos son ejemplos palpables, especialmente cuando logran evadir la acción de la justicia mediante artilugios legales o la complicidad de miembros del Poder Judicial.
Cuando estos argumentos son empleados, a la vez que se respaldan candidaturas opositoras, es evidente que quienes los formulan consideran que el partido político donde se cobijan eliminaría la corrupción.
El sentido común muestra que hay mucha ingenuidad en dicha postura, ya que la corrupción aparece en todos los sistemas políticos que conocemos desde el siglo XX hasta el presente.
Sospechando por eso, quien escribe estas líneas, que esos reclamos éticos tienen más de postura electoral que razonamiento sensato.
Los intelectuales comprometidos con una sociedad más democrática y justa, siempre que actuemos como tales, no como voceros partidarios, tenemos la obligación de pensar y proponer modelos institucionales que dificulten la corrupción pública y privada. Ejemplos sobran: la ley de partidos, la reforma del poder judicial, la transparencia bancaria, o el control fiscal de ingresos, por poner ejemplos concretos.
Usar la predica anti-corrupción como simple eslogan electoral debilita la substancia misma de una propuesta necesaria del accionar público más honesto y envilece la democracia.
