Pronto estaremos a los dos años desde que República Dominicana, un país paradisiaco, ubicado por Pedro Mir en el mismo trayecto del Sol, puso una mancha en el universo de los derechos humanos que ha sido imposible de borrar.
Por más que se gaste en lobistas internacionales, en viáticos para el Canciller, o en consultorías para la defensa de la República Dominicana por vía de comparecencias de sus diplomáticos, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, por no haber sido derogada queda indeleble.
En tal sentido, los esfuerzos del Jefe del Estado a través de la ley 169/14, limitados por razones institucionales y políticas, se ven hoy opacados por no haber logrado resolver de una vez para todas el problema de la negación de la nacionalidad que conduce a la apatridia en el caso de los dominicanos de origen haitiano indocumentados.
Así, las brechas para los abusos de poder de los órganos estatales se mantienen y se aprovechan por terquedad, motivos políticos o antihaitianismo. Tal es el caso de la Junta Central Electoral (JCE) al rechazar la solicitud de un extracto de su acta de nacimiento al abogado Manuel de Jesús Dandre.
Hijo de una pareja de jornaleros agrícolas haitianos traídos en 1958 durante el régimen de Trujillo, bajo la modalidad de “contrato indefinido” amparado por acuerdos interestatales, el pequeño Manuel fue declarado por una comadrona dominicana quien acompañó a su madre al hospital. Un procedimiento conforme al artículo 43 de la Ley 659/1944.
Del batey, descrito en el exterior como lugar de explotación laboral y de prácticas semi esclavistas, mas cuyas condiciones de vida y atraso son similares a muchas zonas rurales haitianas, Manuel se ha hecho abogado con entradas en universidades y cortes internacionales, desarrollando una especialidad en el tema de los derechos humanos.
Su vida como prueba de superación social, en un país tan cuestionado, impacta más positivamente que cualquier discurso oficial dominicano. Si la finalidad es sincera, una persona como él debió ser obligatoriamente llamada entre los técnicos o asesores del Plan Nacional de los derechos humanos (PNDH) promovido por el actual canciller.
Asimismo, las acciones en su contra serán contabilizadas entre las tantas que han afectado a figuras notorias de la comunidad de ascendencia haitiana, percibidas como permanentemente perseguidas. En el plano político, se recordará la campaña en contra de Peña Gómez durante los años 90. En el activismo social, a Sonia Pie, reconocida internacionalmente, quien tenía en Manuel, el padre de sus hijos, un fiel asesor jurídico.
De igual manera, al pasar balance de la situación local, pesarán mucho los actos xenófobos en contra de haitianos sin distinción, por falsas acusaciones, rumores o implicación en hechos delictivos. Lo de estos días en Hatillo Palma, a 10 años del emblemático caso de Maritza Núñez, cuya responsabilidad de su muerte lo tenía su marido dominicano, traerá nuevas críticas al país.
Vale señalar que esta tentativa de desnacionalización de la JCE que será elucidada por un tribunal competente el 7 de septiembre, coincide con un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos relativa a las deportaciones que se iniciaron formalmente tras un proceso de regularización excluyente. Entre otros, la administración Obama llama a República Dominicana a evitar los casos de apatridia.
Dicha exhortación no vino tan espontáneamente. En parte, es el resultado de las diversas acciones de las organizaciones comunitarias haitianas en Norteamérica.
En su estrategia de defensa el gobierno dominicano prioriza el exterior mientras el problema sigue igual o peor a lo interno. Por ende sus posicionamientos parecen vacíos a la vez que refuerzan el rechazo que se denuncia de la presencia haitiana al ignorar la existencia de la diáspora.
La integración beneficiosa para el país a través de diversas contribuciones de los miembros de ese colectivo debe ser destacada. Así, el gobierno puede intentar apostar sobre el orgullo que sienten dominicanos, al igual que los haitianos, por el éxito de los miembros de su diáspora. Thomas Pérez, ministro de trabajo de Obama, y Michaelle Jean son dos ejemplos.
Borrar la mancha es posible. Con apreciar y valorizar la presencia haitiana en el país, lo cual no ha hecho hasta ahora ningún mandatario dominicano, a diferencia de otros Jefes de Estado.
