Si queremos establecer plenamente un Estado social, democrático y de derechos que sea funcional, efectivo y que abarque a toda la ciudadanía con sus efectos, deberes y garantías, necesitamos renovar nuestra concepción y la práctica de lo público.
En consecuencia es necesario desarrollar relaciones de corresponsabilidad sobre la cohesión y la convivencia, lo que sólo puede instituirse si lo colectivo deja de ser un ámbito enajenado, del que la ciudadanía es excluida.
Por eso es tan importante que la acción de gobierno siga avanzando en la línea que lleva la presente administración como una permanente búsqueda de pactos y compromisos para la actuación colectiva.
Hay que construir lo colectivo como expresión de acuerdos desde una visión de equidad, justicia y derechos.
El presidente Medina está demostrando que en su caso, esto no es un gesto, una “forma”, sino que es un aspecto político fundamental de la estrategia de progreso social que sustenta su administración.
Desde ese factor generador de confianza, estamos avanzando hacia la correspondencia de los regímenes de sanciones legales con la cultura ciudadana. La cultura ciudadana establece los estándares de valores sociales y la ética pública.
La institucionalidad no es lo que disponen los códigos, leyes y normas si no expresa un “deber ser” convenido en la escala de valores sociales y la ética pública.
Hay que terminar con el predominio de esa especie de “cinismo social” subyacente en la conciencia colectiva, que entiende que todos somos corruptos, que no hay un interés general, que cada uno tratará de aprovecharse de las circunstancias para buscar su propio beneficio sin tomar en cuenta a los demás, y que, sobre todo, prescribe que esa actitud cínica es la correcta, porque es lo que todos hacemos o haremos.
Si no cambiamos esos estándares de valores perversos no importa lo que escribamos en las normas y leyes, porque lo que sucederá será lo que está sancionado socialmente como lo que debe hacerse.
La iniciativa, decisión y constancia del liderazgo institucional, público -político y social- tienen que mostrar una relación con sus obligaciones, con el marco legal e institucional y con la ciudadanía que no dé pie a otra cosa que el reconocimiento de que se comportan en apego a sus obligaciones y a las normas, a lo que debe ser.
Sólo desde la credibilidad de una actuación del liderazgo público apegada a lo que debe ser según las normas, se puede fundamentar la credibilidad de las decisiones posteriores y la certeza de la gente de que hay un régimen de valores legales, sociales y éticos que no es manejado a conveniencia.
