Nuevas aeronaves militares de Estados Unidos arribaron el domingo a Puerto Rico en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela, confirmando el refuerzo sostenido de la presencia militar de Washington en el Caribe. El movimiento se produce mientras la administración estadounidense intensifica la presión política, económica y estratégica sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Aviones de transporte C-130J Super Hercules fueron observados realizando maniobras de rodaje y despegue en el Aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla. Junto a ellos, se detectó la presencia de vehículos militares terrestres, entre ellos Humvees y unidades blindadas MRAP, diseñadas para resistir emboscadas y minas. En la plataforma aeroportuaria también se encontraban aeronaves CV-22B Osprey estacionadas junto a los aviones de transporte.
Las imágenes difundidas el domingo muestran varios C-130J alineados en la pista, personal militar operando maquinaria pesada —incluida una excavadora equipada con montacargas— y numerosos vehículos blindados. Esta actividad se suma a otros despliegues recientes en la isla y refleja la continuidad de operaciones militares de gran escala.
Te puede interesar leer: Maduro dice que en 2025 triunfó «la lealtad suprema» de la Fuerza Armada de Venezuela
El refuerzo en Aguadilla se produce días después de las maniobras realizadas el lunes 22 de diciembre en la antigua estación naval de Roosevelt Roads, en Ceiba. Allí participaron cazas F-35 y F-18, aviones C-130 Hércules y helicópteros Black Hawk y Huey, que llevaron a cabo ejercicios de despegue, aterrizaje y descenso de tropas mediante rapel. Estas operaciones marcaron el retorno de una intensa actividad militar a una base que llevaba años sin albergar ejercicios de tal magnitud.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar considerable en el Caribe, que incluye un portaaviones, numerosos buques de guerra y aviones de combate. Según informes recientes, el contingente supera los 15.000 soldados, con al menos 11 buques adicionales y más de una docena de cazas F-35.
El presidente Donald Trump ha acusado reiteradamente a Venezuela de ser una fuente clave del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En ese marco, su administración ha llevado a cabo operaciones contra embarcaciones procedentes de Sudamérica que, según Washington, transportaban estupefacientes, acciones que han sido condenadas por varios países. Trump también ha amenazado con atacar infraestructura vinculada al narcotráfico en territorio venezolano y ha afirmado que ya se produjo un ataque contra una “gran instalación”.
A comienzos de mes, la Casa Blanca ordenó un “bloqueo” de los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela. Un funcionario estadounidense indicó a Reuters que las fuerzas armadas tienen como prioridad casi exclusiva hacer cumplir una “cuarentena” al petróleo venezolano durante al menos dos meses, subrayando que la presión económica es el eje central de la estrategia actual.
Durante diciembre, la Guardia Costera estadounidense interceptó dos petroleros en el Caribe con crudo venezolano. El 10 de diciembre se confiscó el buque Skipper junto a su cargamento, y días después se informó de la incautación de otra embarcación.
Según el mismo funcionario, estas medidas han generado “una presión tremenda” sobre el gobierno de Maduro y podrían derivar en una grave crisis económica si no se producen concesiones. Desde Caracas, el régimen ha denunciado las incautaciones como actos de “robo y secuestro” y ha acusado a Washington de escalar la presión militar y económica.
Finalmente, Estados Unidos comunicó a Naciones Unidas que aplicará y hará cumplir las sanciones “en la máxima medida posible” con el objetivo de privar al gobierno venezolano de recursos financieros.
