Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Es muy frecuente que en los debates sobre el papel del Estado en la economía se defiendan puntos de vista extremos. Para unos, el Estado debe controlarlo todo, mientras que, para otros, no debe involucrarse nunca. La historia demuestra que ninguno de estos puntos de vista ha sido exitoso.
Y es normal, porque presentan el problema como uno de suma-cero, en el cual sólo hay blancos o negros.
Lo cierto es que el Estado sí tiene papeles importantes que cumplir en la vida económica. Por ejemplo, tiene el deber de asumir las actividades que no dejan beneficio directo, pero sí colectivo. Debe asimismo establecer las reglas que permiten que los actos de las personas tengan predictibilidad apoyada en la seguridad jurídica. Eso incluye solucionar conflictos, pero también actuar como regulador.
Esa idea —la del Estado regulador— es anatema para muchos, pero es necesaria en la sociedad contemporánea. Con el paso del tiempo, las relaciones económicas se han hecho más complejas.
En ausencia de un marco regulador claro, en lugar de permitir la innovación, esta complejidad crea incertidumbre, la incertidumbre desconfianza y la desconfianza ralentización de la actividad económica. En sus consecuencias negativas, cada una de ellas hace patente la necesidad de la regulación.
Bien asumida, la regulación es un elemento impulsordel crecimiento económico. En el caso dominicano, el constituyente sancionó el artículo 50.2 constitucional el cual prevé que el Estado use su función reguladora, junto con planes nacionales de competitividad, para promover el desarrollo.
Es normal que así sea, puesto que lo primero es un requisito esencial para lo segundo. La regulación más sólida de los mercados está vinculada a un crecimiento más racional de estos y a la conjuración de ciclos extremos de alzas y bajas.
Cierto es, que el sentido y contenido de las regulaciones están abiertas a discusión, y que estas son herramientas, no fines en sí mismas. Las reglas deben ser claras y tendentes a equilibrar el interés general con la promoción de la iniciativa privada. Es esto lo que permite conjugar la libertad de empresa con el bien común, elementos necesarios ambos para un Estado social y democrático de derecho.
